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El Tribunal Unipersonal a cargo de Mesalina Fernández tiene a su cargo realizar hoy un juicio oral por tratamiento médico sin consentimiento. Si bien no es el primer juicio por este tipo de hecho punible (hubo un juicio anterior por un caso de traumatología) la particularidad de este caso es que el acusado, el ginecólogo José Félix Ramírez Montero, está acusado de haber implantado un DIU (anticonceptivo) a una mujer, sin su consentimiento.
La acción es impulsada por María Luján Reyes Martínez quien era pareja del médico y afirma que se aprovechó de la confianza que le tenía para cometer el hecho punible previsto en el artículo 123 de nuestro Código Penal, que prevé pena de multa en caso de condena.
La querella presentada bajo patrocinio del abogado Julio José Reyes, afirma que el procedimiento se realizó el 27 de noviembre de 2022, en el Centro Médico La Costa. La querellante, que vivía con el médico, tuvo un sangrado uterino, motivo por el cual este la llevó al sanatorio, donde se encargó de su atención.
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Paciente entró para un legrado y luego se enteró de que le implantaron un DIU
“Este profesional médico, pese a ser pareja de la víctima, no le importó seguir con la consulta y el procedimiento, y ello, pues tenía definida cuál era su intención, la de aprovechar la ocasión y cortar abruptamente la posibilidad de que la víctima pueda quedar embarazada”, señala la acción.
La querellante relata que el médico le explicó que le iba a practicar un “legrado hemostático”, procedimiento que se realizó el 27 de noviembre de 2022 desde las 09:30 horas hasta las 09:49 horas en el quirófano del Centro Médico La Costa, previa anestesia.
“Esta condición de la paciente (sedación), fue aprovechada por el acusado, para realizar el procedimiento que se encuentra detallado en el informe médico que se acompaña. Es decir, resaltar que, en esa ocasión, llamativamente la paciente tuvo complicaciones en el quirófano, siendo lesionada con violentos procedimientos de reanimación para estabilizar la víctima”, señala la presentación.
La querella detalla que, posteriormente, Ramírez “desapareció” sin dar explicaciones ni realizar el control médico correspondiente. Como el sangrado continuaba, la paciente consultó con otro ginecólogo, quien recomendó suspender el anticonceptivo que su pareja le indicó tomar luego del procedimiento, pues consideraba la dosis muy alta (tres comprimidos por día) y ordenó realizar una ecografía actualizada.
En ese momento, la mujer se enteró de que le habían implantado un anticonceptivo DIU Mirena, de lo cual no solo no había sido informada, sino tampoco lo había autorizado.
Ante esta situación, la paciente le reclamó a Ramírez por lo ocurrido y exigió la entrega del resultado de la biopsia que supuestamente había mandado hacer en ocasión del procedimiento realizado el 27 de noviembre.
La querellante relata que el médico primero dio excusas, pero ante su insistencia, reaccionó de manera agresiva ante el reclamo, sin explicar qué procedimiento realmente le hizo.
“En fecha 3 de agosto de 2023, la víctima tuvo un fuerte dolor en el vientre, acudiendo a urgencias del Centro Médico La Costa, donde por los fuertes dolores que padecía se sugirió realizar de urgencia ecografía y toma de sangre BHCG, para descartar o acreditar embarazo. Luego de la ecografía, el médico tratante (ecografista) textualmente dijo: *... la DIU tipo MIRENA se encontraba en el lugar correcto...” (sic.)
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Querellante afirma que procedimiento no autorizado le privó del derecho a tener hijos
“Él era mi pareja y es ginecólogo. Un día me metió a una cirugía de legrado hemostático y sin mi consentimiento me puso un DIU tipo Mirena que meses después encontré en mi cuerpo, vedándome el derecho de reproducción y de decidir si quería hijos”, explicó María Luján Reyes.
La paciente presenta un informe médico del 16 de setiembre del 2022, donde consta que no tenía dispositivo alguno y aclara que antes de lo ocurrido, se encontraba realizando un tratamiento para poder embarazarse, el cual se truncó con el procedimiento que motivó la acción.
El tratamiento médico sin consentimiento está previsto en el artículo 123 de nuestro Código Penal, que dice lo siguiente:
- 1º El que actuando según los conocimientos y las experiencias del arte médico, proporcionara a otro un tratamiento médico sin su consentimiento, será castigado con pena de multa.
- 2º La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima. Si muriera la víctima, el derecho a instar la persecución penal pasará a los parientes.
- 3º El hecho no será punible cuando:
- 1. el consentimiento no se hubiera podido obtener sin que la demora del tratamiento implicase para el afectado peligro de muerte o de lesión grave; y
- 2. las circunstancias no obligaran a suponer que el afectado se hubiese negado a ello.
- 4º El consentimiento es válido solo cuando el afectado haya sido informado sobre el modo, la importancia y las consecuencias posibles del tratamiento que pudieran ser relevantes para la decisión de una persona de acuerdo con un recto criterio. No obstante, esta información podrá ser omitida cuando pudiera temerse que, de ser transmitida al paciente, se produciría un serio peligro para su salud o su estado anímico.
ABC contactó con la abogada del médico, Angelina Luna Pastore, para conocer su versión del caso, pero esta no respondió.
