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A través de los fiscales Silvia González Vester, de la Unidad de Delitos Económicos, y Christian Benítez Cáceres, de la Fiscalía de Emboscada, se presentó acusación poco antes de las 20:00 de este martes en el marco de la causa conocida como filtraciones de secretos, a los exministros de Seprelad, Carlos Arregui, del Interior Arnaldo Giuzzio y de Anticorrupción, René Fernández.
También fueron acusados los exfuncionarios de la era Abdo Benítez, Carmen Pereira, quien fue directora general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad; Guillermo Preda, director de Análisis Financiero “A” y luego director general interino de Análisis Financiero y Estratégico de ese mismo ente; Francisco Pereira, exdirector de Análisis Financiero “B”, así como Daniel Farías Kronawetter.
Los agentes del Ministerio Público acusaron a los citados por los hechos punibles de:
- revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CPP),
- denuncia falsa (Art. 289 del CP)
- usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP)
- y asociación criminal.
El planteamiento del Ministerio Público, sin embargo, no tiene alcance con relación al expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez y el diputado colorado Mauricio Espínola.
Si bien fueron imputados, no fueron procesados por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, en vista a que cuentan con fueros, en el caso de Abdo por ser senador vitalicio y Espínola está en actividad, y no fueron despojados del privilegio parlamentario.
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Según la acusación, Mario Abdo Benítez durante su periodo de gobierno habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el fin de debilitar sus figuras.
Todo esto mediante filtraciones de datos confidenciales a medios de prensa, entre ellos un documento de pedido de informe de carácter confidencial a la Fiscalía de parte de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá.
La denuncia la había radicado el abogado Pedro Ovelar, en representación del expresidente de la República Horacio Cartes.
Fiscales que participaron de la cuestionada imputación
La acusación se presentó anoche pese a que el abogado Enrique Kronawetter, quien representa al expresidente y ejerce la defensa de Daniel Farías, así como las defensas de los demás procesados, recusaron al fiscal general Emiliano Rolón, a la fiscala Adjunta Matilde Moreno y a los fiscales antidrogas César Sosa y Elva Cáceres, por las causales del artículo 57° del Código Procesal Penal (CPP), específicamente la falta de objetividad; y al fiscal Osmar Segovia, por no pertenecer ya al equipo tras ser trasladado a Paraguarí.
Sin embargo, el escrito fue presentado por los fiscales Silvia González y Christian Benítez. Ambos fueron asignados por la fiscala adjunta Patricia Rivarola, quien pasó a interinar el equipo investigador el pasado viernes 7 de marzo, por disposición del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, ante el viaje de la coordinadora del grupo, Matilde Moreno, según explicaron fuentes de la Fiscalía.
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Patricia Rivarola fue integrante del equipo conformado para investigar la denuncia de Cartes y luego proceder a imputar.
Lo concreto es que Patricia Rivarola asignó el caso a Christian Benítez, quien fue funcionario de Delitos Económicos, y que luego pasó a cargo de la adjunta Matilde Moreno.
Benítez fue uno de los que manejó la causa relacionada al expresidente y los exministros, ya que fue también relator del fiscal Aldo Cantero, quien junto a su colega Giovanni Grisetti abrieron esta causa con una imputación.
La filtración de chats de Cantero relacionados a este proceso con el abogado Ovelar derivaron en el cambio de ambos agentes por disposición del titular del Ministerio Público.
Paradógicamente, la fiscala adjunta también a consecuencia de ese escándalo fue relevada del equipo investigador y en su reemplazo asumió su colega Matilde Moreno.
En octubre pasado, Benítez ascendió a fiscal y fue asignado a una unidad de Emboscada.
En tanto que la otra fiscala asignada para esta causa, Silvia González estaba en una unidad de Concepción y luego fue trasladada a la unidad barrial número 7.
Desde el 25 de febrero pasó a formar parte de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Ambos ayer pasaron a ser los fiscales de esta causa.
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Sesenta páginas analizadas en casi menos de 8 horas
Llamó la atención la celeridad con que Silvia González y Christian Benitez se interiorizaron de esta causa que lleva un año de investigación y que ayer presentó su requerimiento conclusivo.
Se estima que en menos de ocho horas se tuvieron que interiorizar de un complejo escrito de 60 páginas, en las cuales se relataban los antecedentes, se fundamentaban los cargos y se pedía la elevación a juicio oral.
Esto, si se toma en cuenta que los fiscales de la causa fueron recusados a la mañana, que la fiscala adjunta Patricia Rivarola debió ser notificada de ello y que tuvo preparar una resolución de nuevos agentes del caso
En el caso de Benítez se puede explicar por el hecho de que en su carácter de relator fiscal ya trabajó en esta causa. Y probablemente tuvo que venir de urgencia a Asunción, desde Emboscada.
“Estirada” del caso Arrayanes
La fiscala Silvia González participó de la audiencia preliminar del sonado caso Arrayanes, hasta el mediodía de ayer. Se supone que luego fue convocada para interiorizarse de la acusación que ya estaba siendo preparada por el grupo de fiscales recusados.
Paralelamente, los fiscales Elva Cáceres y Cesar Sosa pidieron a la jueza Cynthia Lovera se sancione a los abogados Enrique Kronawetter y Jorge Rolón Luna por intentar impedir con recusaciones de último momento la presentación de un escrito conclusivo.
