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La fiscala Yeimy Adle, una de las agentes asignadas a la investigación del caso metrobús, en el que están procesados el exministro Ramón Jiménez Gaona Arellano y su exviceministra de Administración y Finanzas Martha Benítez Morínigo, explicó que tuvieron que cambiar de postura y solicitar el sobreseimiento provisional de los procesados, porque se generaron dudas debido a pericias contrapuestas tras examinar las pruebas.
La fiscala, que forma equipo investigativo en este caso con sus colegas Natalia Silva y Giovanni Grisetti, participó este jueves de la audiencia preliminar del caso metrobús ante el juez Humberto Otazú.
Recordemos que Ramón Jiménez Gaona y Martha Benítez Morínigo están imputados por lesión de confianza en las obras del metrobús iniciadas durante el gobierno de Horacio Cartes.
La fiscala María Estefanía González había acusado a los procesados por un supuesto perjuicio patrimonial al Estado de G. 180.030.528.699, unos US$ 25 millones.
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Por su parte, los defensores de los acusados remarcaron que no existen fundamentos para sostener el supuesto delito de lesión de confianza y menos el de daño patrimonial, pues consideran que se pagó por cada parte de la obra realizada, y la suspensión y destrucción de la estructura se hizo en el gobierno de Mario Abdo Benítez.
La investigadora detalló que hasta ayer se ratificaban en la acusación porque tenían dos pericias, una de obras y otra contable. En la contable, se mencionaba que existen 29 certificaciones de obras por valor de G. 180.000 millones que fueron todas aprobadas.
En este aspecto, como coincidían los montos pagados, se concluyó que no hubo perjuicio patrimonial.
Con respecto a la pericia contable, la agente detalló que se presentó con posterioridad a la acusación, el 6 de mayo de 2024. En este sentido, se ofreció la pericia como prueba sin saberse aún cuál sería el resultado.
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Con respecto a la pericia de obras, esta arrojó que no se podía saber si hubo problemas con el sistema de desagüe porque era necesario hacer la consulta a un sanitarista.
Por su parte, la defensa, al plantear exclusión probatoria y nulidad de acusación, dijeron que no hubo perjuicio patrimonial tomando en consideración pericia contable que presento el Ministerio Público.
A su vez, la defensa manifestó que Jiménez Gaona y Martha Benítez Morínigo no fueron los que destruyeron la obra, sino que la dejaron en un 18,5%, con contratos y pólizas vigentes.
Por tanto, según los defensores, no había nexo causal entre la conducta del ministro y el resultado de destrucción de la obra.
Pero la principal razón del cambio la postura de la Fiscalía, según explicó Yeimy Adle, es que la defensa presentó en su solicitud de inclusión probatoria un cúmulo de casi 5.000 archivos, proveyendo una copia al equipo fiscal.
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Según la agente, estos documentos coinciden con los papeles a los que se refiere el laudo arbitral. A partir de ahora, los mismos tienen que ser objeto de pericia, y la fiscala aseveró que no pueden ir a juicio oral sin tener conocimiento de a qué se refieren las nuevas supuestas pruebas.
“Nos vimos obligados a solicitar sobreseimiento para tener todo preparado en caso de ir a juicio oral. No podemos ir a juicio sin conocer el contenido de casi 5.000 documentos”, opinó la investigadora.
En este grupo de pruebas, estarían los puntos cuestionados a Jiménez Gaona como penalmente relevantes dentro de la acusación, según la fiscala.