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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, condenó a una pena privativa de libertad de 4 años y 6 meses a Eladio Ramón Alcaraz Pereira, exjefe comunal del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia (Chaco). El mismo causó un perjuicio patrimonial al desviar en total G. 1.054.108.443 de las arcas de la municipalidad chaqueña provenientes de los recursos del Fonacide, durante el 2013.
El Ministerio Público, representado por el fiscal anticorrupción Luis Piñánez, había solicitado tras la presentación de sus alegatos finales la aplicación de una pena de 6 años y seis meses de prisión para el exjefe comunal del distrito chaqueño.
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Para el colegiado de sentencia quedó acreditado que en el 2013 el entonces Ministerio de Hacienda transfirió a la Municipalidad de Mariscal Estigarribia unos G. 1.536.009.249 en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide); G. 2.267.678.126 en concepto royalties; y G. 132.783.970 en concepto de transferencia de juegos de azar.
Sin embargo, del total de G. 3.936.471.345 que el municipio recibió ese año, el entonces intendente ahora condenado habría sustraído de la institución, sin contraprestación alguna, un monto total de G. 1.054.108.443, correspondiente a los recursos del Fonacide, de acuerdo a lo destacado por la presidenta del tribunal, al momento de dar a conocer el fallo.
Perjudicó a los más vulnerables, según tribunal
En otro momento la jueza Elsa García resaltó que la conducta delictiva de Eladio Ramón Alcaraz Pereira perjudicó a los más vulnerables del distrito situado en el departamento de Boquerón, teniendo en cuenta que el dinero desviado tendría que haber beneficiado a las comunidades indígenas asentadas en el distrito.
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“Los fondos provenientes de la Ley del Fonacide eran para el mejoramiento de la oferta educativa. Ese dinero debía llegar a la franja vulnerable de personas que tienen derecho a la educación, como son los niños y jóvenes de la comunidades indígenas, pero eso no ocurrió. He ahí la gravedad de la conducta del intendente”, puntualizó la magistrada.
En el juicio oral el Ministerio Público probó que el dinero fue utilizado para otros fines, que nada tienen que ver con obras municipales o que beneficien a los contribuyentes; afectando a todo el distrito ubicado en uno de los departamentos con mayores carencias del país.
Al respecto, la presidenta del tribunal resaltó que el 31 de marzo de 2014 el entonces intendente de Mariscal Estigarribia presentó ante la Contraloría General de la República la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013, correspondiente al rubro Fonacide, y en el ítem de total pagado estableció la suma de G. 1.248.461.234, pero registró documentación de los pagos solo por el monto de G. 194.351.791.
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Resalta condena por hecho de corrupción
El fiscal anticorrupción Luis Piñánez celebró la sentencia dictada por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos, que dio por probado que el dinero proveniente del Fonacide que debió utilizarse para construir escuelas y brindar una buena infraestructura educativa para las comunidades indígenas, fue a parar en otra cosa.
“Se ha demostrado el hecho de corrupción ocurrido en el municipio de Mariscal Estigarribia. Probamos que el dinero desembolsado por el Estado a través del rubro del Fonacide no fueron utilizados para su fin, generando un perjuicio superior a los mil millones de guaraníes”, puntualizó el agente del Ministerio Público.
Si bien en sus alegatos finales había solicitado una condena de 6 años y medio, Piñánez indicó estar conforme con la sentencia a 4 años y 6 meses de prisión impuesta por el tribunal al exintendente Eladio Ramón Alcaraz Pereira.
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Finalmente el agente anticorrupción destacó que el Tribunal de Sentencia haya permitido en el juicio oral la declaración de las víctimas, a través de los medios telemáticos, ya que con esos testimonios se pudo identificar el enorme perjuicio ocasionado a las comunidades indígenas de Mariscal Estigarribia.
Eladio Alcaraz, con prisión preventiva desde diciembre
Este juicio debió iniciarse el 22 de noviembre de 2024, pero Alcaraz no se presentó y la defensa alegó supuesta hipertensión para justificar su inasistencia. Ante esta situación el Tribunal de Sentencia decidió enviar al médico forense de turno a su domicilio, para verificar su estado de salud.
Cuando la doctora Josefina Silva, médica forense de la Circunscripción Judicial de Boquerón, se constituyó en la residencia de Alcaraz, este no estaba en su casa. La profesional informó al tribunal que la inspección fue atrasada por esta situación y que tuvieron que llamarlo para que volviera a su residencia para que pudiera cumplir su cometido.
Por esta razón, en diciembre pasado el colegiado de sentencia decretó la prisión preventiva de Alcaraz, quien sigue cumpliendo la medida cautelar en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Al momento de dar a conocer la sentencia, en la siesta de este miércoles, la presidenta del tribunal resaltó que dicha determinación se debió a la conducta dilatoria de Alcaraz Pereira, lo que fue tomado en contra al momento de analizar los años de condena que deberá cumplir.
