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Para las 7:30 de mañana convocó el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, a Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y a Martha Benítez Morínigo, exviceministra de Administración y Finanzas del ente estatal, para intentar por sexta vez realizar la audiencia preliminar con relación al caso conocido como metrobús.
En esta instancia el magistrado debe resolver, con base en la teoría del caso y los elementos que presente el Ministerio Público, si la causa se eleva o no a la instancia de juicio oral y público. Tanto Ramón Jiménez Gaona como Martha Benítez Morínigo fueron acusados por lesión de confianza. Por esta causa también estuvo procesado el gerente del proyecto Metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, quien falleció en julio de 2024 y, en consecuencia se declaró la extinción de la acción penal en relación a él.
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La diligencia ya debió hacerse el 4 de febrero, pero los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grissetti y Nathalia Silva solicitaron la suspensión en vista de que acababan de ser asignados y precisaban acceder a todos los elementos de la carpeta fiscal. Por otra parte, los acusados son asistidos por los abogados Alcides Cáceres y Tarek Tuma.
Anteriormente, la audiencia se intentó llevar a cabo el 8 de octubre de 2024, pero la entonces fiscala de la causa María Estefanía González pidió la suspensión, porque fue designada como fiscal adjunta y asumió en el cargo el 9 de octubre. En su lugar, la Fiscalía General del Estado asignó el caso a la agente Yeimy Adle y más adelante, el fiscal general, Emiliano Rolón, conformó equipo fiscal con Adle de Delitos Económicos, además de los fiscales Nathalia Silva y Giovanni Grisetti, estos últimos de la Sede 1.
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La acusación en el caso del fallido Metrobús
Recordemos que la fiscala María Estefanía González presentó la acusación por presunta lesión de confianza el 11 de abril de 2024 en contra del extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), Ramón Jiménez Gaona; su exviceministra de Finanzas y ministra sustituta Marta Regina Benítez Morínigo, y el encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz, quien falleció el año pasado.
Según la acusación, bajo la administración de Jiménez Gaona (2013-2018), el MOPC desembolsó dinero público por obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del “Programa, modernización del transporte público metropolitano y oficinas de Gobierno” (Metrobús).
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La fiscala señala en el escrito acusatorio que Jiménez Gaona, en función de ministro de MOPC, en el periodo del año 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto metrobús, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pago de 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones. De este monto solo se realizaron obras por valor de US$ 4 millones. El resto se pagó por una obra inconclusa.
Según la acusación fiscal, el daño patrimonial que fue ocasionado al Estado paraguayo es de G. 180.030.528.699, equivalentes a unos US$ 23.000.000.
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Pagos están documentados y fueron aprobados por el BID, asegura defensa
Desde la defensa de los acusados señalaron, a través de un escrito que, “el proyecto metrobús es transversal a varios gobiernos desde su origen en 1998 y su cancelación en febrero del 2020. Su inicio y ejecución de obras se da en el gobierno de Horacio Cartes, por mandato del Congreso Nacional”.
En otro apartado indicaron que “la imputación fiscal por lesión de confianza [...] obedece a motivaciones y revanchismos políticos, teniendo en cuenta que todos los pagos realizados durante su gestión están documentados y fueron aprobados por un consorcio internacional de empresas fiscalizadoras integrada por las empresas Typsa-Incosa-Ingeneg”.
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Añadieron que, dichos pagos “tuvieron el consentimiento y conformidad (No Objeción) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien era el dueño del dinero”.
Así también expresaron que “se estima que el peritaje realizado por la Fiscalía General, y entregado recién después de la imputación, también coincida con los demás peritajes existentes. No existen fundamentos para sostener el supuesto delito de lesión de confianza y menos el de daño patrimonial”.
Peritajes siempre fueron favorables, aseguraron
Por otra parte, la defensa sostuvo que desde el inicio, la pesquisa fue favorable a la gestión de Jiménez Gaona. En ese marco, el Ministerio Público había oficiado pedidos de informes al MOPC, municipios, la Contraloría General de la República y otros más, todos ellos -según la defensa- contestados favorablemente y sin que salte un perjuicio patrimonial.
“Así concluyó el peritaje contable presentado por el Lic. Miguel Ángel Arriola Ibáñez. Además de ello, el peritaje realizado por el Ing. Luis Giménez demostró claramente que todas las obras fueron realizadas conforme lo pagado en un 18,5% de la obra”.
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La defensa prosiguió señalando que en forma llamativa “la imputación fiscal se formula recién luego del cambio de autoridades en la Fiscalía General del Estado, el 11 de abril de 2023, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez”, siendo que la denuncia se realizó 5 años antes, en mayo de 2018.
A todo esto, los abogados defensores indicaron que el Estado paraguayo recuperó US$ 5,7 millones en concepto de anticipo y US$ 6,2 millones, en carácter de póliza de fiel cumplimiento, con relación a los US$ 20,9 millones invertidos en la obra. Además, según los documentos, las obras por valor de US$ 15,2 millones fueron realizadas y pagadas correctamente, enfatizaron.