Exfiscal Nissen lamenta el daño a la imagen del país que dejó su desvinculación irregular

Luego de cumplidas las sanciones impuestas al Estado paraguayo por la destitución irregular del Ministerio Público del exfiscal Alejandro Nissen en 2004, el afectado lamentó que los sucesivos gobiernos no hayan buscado una solución a un problema que deja “mal parado” internacionalmente al país.

Alejandro Nissen.
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En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el exfiscal Alejandro Nissen confirmó que el Estado paraguayo ya cumplió con las sanciones que le fueron impuestas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en castigo por su desvinculación irregular del Ministerio Público hace 20 años, pero lamentó el daño hecho a la imagen del país por el caso en que fue perjudicado.

Días atrás, la propia Corte Interamericana informó que las medidas de reparación ordenadas con relación al caso Nissen ya fueron cumplidas por el Estado paraguayo, que fue condenado a pagar una indemnización económica y a eliminar los antecedentes negativos de Nissen de los registros judiciales.

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“El Estado paraguayo cumplió (con las sanciones), esperó hasta el último día en que vencía el plazo para cumplir con la sanción económica, las otras sí fueron cumplidas antes”, comentó Nissen.

La condena de la Corte Interamericana al Estado paraguayo se dictó en 2022, cuando ese organismo internacional determinó que los derechos de Nissen fueron violentados en el proceso por el cual el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo desvinculó del Ministerio Público en 2004.

“Nos deja mal parados internacionalmente”

Más allá de que las sanciones se hayan cumplido, el exfiscal lamentó que los sucesivos gobiernos que tomaron el poder en Paraguay entre 2004 y 2022 no se hayan molestado en “solucionar de alguna manera” el caso que lo perjudicaba, un “inconveniente que nos deja mal parados internacionalmente”.

Nissen resaltó el rol de la actual fiscala adjunta Matilde Moreno en “el descrédito de mi gestión” con su testimonio ante la Corte Interamericana como parte de lo que calificó como una “campaña” del entonces fiscal general Óscar Germán Latorre.

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Señaló que Latorre ordenó un allanamiento a una de sus oficinas en la que los intervinientes se llevaron todos los expedientes de investigaciones de su unidad, incluyendo una sobre el entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento, el legislador colorado Óscar González Daher.

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