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La directora Anticorrupción del Indert, Helga Escobar, indicó que ya fue abierto un expediente con relación al caso de estafa a menonitas en Río Verde, Chaco paraguayo.
Según precisó, este expediente será enviado a la Contraloría General de la República, institución que posteriormente definirá si será abierto un sumario administrativo o un proceso penal con la Fiscalía.
Además, mencionó que identificaron a los funcionarios involucrados, dejaron registro del descargo de cada uno y todos fueron removidos de los cargos que ocupaban. No obstante, siguen cumpliendo otras funciones dentro del Indert.
En total, son cinco los funcionarios presuntamente involucrados en el esquema de estafa a colonos, que ocurrió entre el 2020 y el 2021.
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Expediente se movió a pedido de Fiscalía
De acuerdo a lo dicho por la directora Anticorrupción, este expediente se empezó a mover durante la administración del actual director del Indert, Francisco Ruiz Díaz, debido a que la Fiscalía les solicitó copias autenticadas de todos los documentos que se produjeron durante el proceso relacionado con las 8.000 hectáreas ubicadas en la Colonia Ñane Mba’e, en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, que supuestamente se iban a otorgar a tres colonos de Río Verde, pero fueron estafados.
La funcionaria Anticorrupción explicó que hubo una “resolución de mejor derecho que se expidió, habiendo nueve solicitudes sobre ese inmueble, y que en el 2021 se le dio el mejor derecho a uno de los solicitantes. Señaló que esta decisión carece de sentido, pues la propiedad es privada y no se podía debatir entre pretendientes.
Posteriormente, la Asesoría Jurídica del Indert elaboró un dictamen que indica que tiene el mejor derecho uno de los solicitantes de la propiedad.
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Adjudicaron a un solicitante una propiedad privada
Aquí es donde la irregularidad se hizo evidente para la investigadora de la oficina Anticorrupción, pues un solicitante no puede tener derecho a ser adjudicado con una propiedad privada.
La resolución de carácter irregular se emitió en el año 2021. La funcionaria Helga Escobar reconoció que se enteraron del caso a través de la prensa y a partir de allí profundizaron la investigación.
Además del informe que se remitirá a la Contraloría, se enviará otra copia al Ministerio Público.
Por su parte, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, dijo que la irregularidad comenzó cuando un funcionario, sabiendo que era una propiedad privada, recomendó de todos modos que se haga una verificación.
“En ese momento ya el pedido se tenía que desestimar y archivar. Luego se hizo la evaluación de mejor derecho en el 2021 en la administración anterior. La pregunta es por qué se da una evaluación de una propiedad privada y se le da mejor derecho a otra persona, cuando el mejor derecho lo tiene el propietario”, cuestionó el titular del Indert.
Señaló que, según los registros públicos, este inmueble siempre le perteneció a una empresa.
Funcionarios implicados fueron removidos
Detalló que todo el personal de la oficina involucrada en la irregularidad fue cambiado y los funcionarios están a la espera de lo que resulte del procedimiento, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Anticorrupción. La Contraloría es la encargada de determinar cuál es el siguiente curso de acción.
A finales del año 2024 fueron detenidos tres supuestos gestores como parte de una red de estafa que engañó con la supuesta adquisición de tierras del Indert a tres hermanos de una colonia menonita de Río Verde, San Pedro. Las víctimas abonaron por los trámites alrededor de US$ 1.600.000, según lo cuantificado por los investigadores de la Policía y Fiscalía.
El detenido José Francisco Ljubetic Arrellaga, supuesto abogado y director del estudio jurídico que gestionaba la adquisición de tierras, fue quien contactó con una de las víctimas para ofrecerle las 8.000 hectáreas ubicadas en la Colonia Ñane Mba’e, en Mariscal Estigarribia.
Desde entonces, el pedido de dinero por parte de los gestores se realizaba de forma sistemática para el supuesto trabajo de gestoría a fin de la adquisición de las tierras que no se concretaba.
Los detenidos en diciembre de 2024 fueron José Francisco Ljubetic Arrellaga, la abogada Ilsa Marisela Paredes y su colega Willian Roberto Bogarín Campuzano, en ese momento director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados.
No se descarta complicidad de funcionarios y jueces
Los involucrados en el grupo delictivo seguían simulando con las gestiones para la adquisición. Desde la Fiscalía mencionaron que habían montado expedientes falsos ante juzgados incompetentes. No se descarta que haya funcionarios del Indert involucrados en la red de estafa.
Tampoco se descarta la participación de jueces, considerando que hay indicios de denuncias falsas que tienen relación con un Juzgado de Villa Hayes, donde supuestamente estos montaban los expedientes falsos.
