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Corresponde, por tanto, que las autoridades pertinentes indaguen con suma precisión el origen y la trazabilidad de todo el dinero de esta práctica que no es nueva, pues lleva más de una década castigando a cientos de trabajadores humildes, en su mayoría docentes, jubilados y enfermeras, muchos de los cuales han perdido incluso la vida deambulando detrás de la solución al artero y por demás injusto trance financiero.
Sobre el sistema judicial recae la responsabilidad de precautelar el cumplimiento de los derechos ciudadanos, pero en este caso han sido algunos magistrados quienes en conjunto materializaron la ejecución total o parcial de los embargos de los salarios de las víctimas, llevados a cabo mediante el mecanismo de la duplicidad de cobros judiciales para la vía de juicios ejecutivos fraguados y reconocimiento de créditos irregulares, además de las notificaciones inexistentes, efectuadas ante juzgados distantes tanto del lugar del domicilio de los afectados como de los demandantes, ante una casi absoluta indefensión de las personas demandadas.
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Hace unas semanas publicamos el caso de la señora Ángela Mabel Zárate, una de las tantas víctimas de esta componenda. La misma reside en la ciudad de Carapeguá y desarrolla su actividad laboral en Asunción. Pero le aparecieron embargos de su salario -producto de cuentas canceladas en tiempo y forma- primero ante el Juzgado de Nueva Italia, departamento Central y posteriormente en el Chaco, departamento de Presidente Hayes.
En ambos casos los reclamos fueron realizadas sobre la misma e idéntica cuenta ya pagada en su totalidad con la diferencia que la tramitación de los juicios se dio en lugares geográficamente remotos, lo cual evidencia una estrategia de dispersión con el propósito de generar confusión.
Logró la imputación
La señora Zárate sin doblegarse ante estas dificultades, logró que en el marco de la investigación penal identificada como “Vanessa y Asociados S.A. S/ Estafa” Causa Nº 922/2024, que el fiscal interviniente impute a los directivos de la empresa que concedió los créditos y ante la que se firmaron los pagarés, Julio César Paiva Krause y Mirta Metel.
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Juez de paz investigado
Zárate busca ahora que dicha investigación sea remitida a la Fiscalía Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la capital de manera que la investigación involucre también a Roberto Carlos Ferreira Ovelar, juez de paz de la ciudad de Benjamín Aceval, quien entendió en la segunda demanda fuera de los límites de su competencia y jurisdicción, según entiende la afectada Actualmente dicho magistrado se encuentra enjuiciado ante el JEM por otro caso, conocido como de “Secuestro ilegal de automóviles”.
Pasa a ser denunciada
Lo más llamativo es que la señora Zárate acaba de descubrir que las personas imputadas formularon, aparentemente como parte de su estrategia de defensa, una denuncia en su contra por un supuesto hecho punible a determinar, lo cual deja configurado el inesperado escenario de que la parte denunciante resulte finalmente denunciada.
