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Ayer a las 14:15 se produjo un corte total del suministro de energía en toda la ciudad de Villarrica. La empresa distribuidora, Compañía de Luz y Fuerza S.A. (CLYFSA) emitió un comunicado culpando a la ANDE y señalando que se debió a una “limitación de potencia hacia el normal suministro”.
Afirman que se ha solicitado que se potencie el transformador de Paso Pé y que CLYFSA incluso propuso repotenciar y adquirir el transformador de la ANDE.
En respuesta, la Administración Nacional de Electricidad también emitió un comunicado. Señalaron que el corte no duró más de 10 minutos y afirmaron que CLYFSA consume más de la potencia contratada.
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Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE, aseguró que la demanda requerida por los clientes residenciales, comerciales e industriales de Villarrica es de aproximadamente 24 MW. Sin embargo, aseguró que la demanda de ayer, cuando se produjo el corte, se encontraba en 30,5 MW.
Afirmó que ese incremento se produjo a raíz de la instalación de granjas de criptominería, que sobrecargan el sistema y afectan a toda la zona.
“Clyfsa, pudiendo administrar su demanda interna, prioriza a sus clientes de criptominería ante la ciudadanía de Villarrica, ocasionando la interrupción del suministro eléctrico, situación que ya fue advertida por la ANDE en el comunicado de la fecha 01.04.22″, dice parte del comunicado.
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Litigio legal de años
Por otra parte, recordó que desde hace dos años se encuentran en litigio con CLYFSA. Recordó que la empresa recurrió a un amparo constitucional y logró una medida cautelar para abonar una tarifa menor a la de todos los demás clientes de la ANDE.
“Todos abonamos lo mismo, menos CLYFSA y los habitantes de Villarrica”, puntualizó.
Aseguró que la firma está usando de forma “desmedida” la energía y supera la energía contratada. “Tienen granjas de criptominería que tienen un consumo muy elevado y definitivamente afectan al sistema”, destacó.
Además, destacó que esas granjas están abonando a una tarifa inferior a la que corresponde de acuerdo al tarifario vigente de la ANDE.
“Estamos en litigio hace más de dos años y estamos aguardando una sentencia porque estamos reclamando que abonen la tarifa estipulada para todos los ciudadanos”, mencionó el abogado.
La ANDE estima que esa reducción diferenciada del precio ocasionó, desde el 2017 hasta la fecha, un monto no percibido de US$ 26 millones.
Finalmente, confirmó que la estatal tiene contrato con 60 clientes, entre personas físicas y jurídicas, que realizan criptominería. Pese al conflicto inicial generado, aseguró que todas las empresas instaladas en el país aceptaron los nuevos términos y el contrato firmado va hasta el 2027.
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