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Ante el inminente traslado de la oficina de la Fiscalía de Laureles a la ciudad vecina de Cerrito, los pobladores anunciaron una gran movilización para este jueves a las 8:00 de la mañana frente a la sede del Ministerio Público. La medida busca exigir al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que revierta la decisión de mudar la dependencia.
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El intendente municipal de Laureles, Fermín Candia (PLRA), confirmó que la comunidad se manifestará debido a que no comprenden el motivo del traslado, dado que el municipio siempre apoyó al Ministerio Público cubriendo el alquiler de la oficina. “Nos enteramos mediante un comunicado que la oficina será trasladada a la ciudad de Cerrito”, expresó Candia.
Según un informe del Ministerio Público, el fiscal general, Emiliano Rolón, firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el intendente de Cerrito, Hugo Iván Ayala (ANR-Cartista). El proyecto comprende la apertura de las oficinas de la Fiscalía Zonal de Cerrito, Laureles y Villalbín en el departamento de Ñeembucú. La firma se llevó a cabo el pasado 5 de febrero en la sede central del Ministerio Público.
Camino de todo tiempo
Además de la protesta por el cambio de sede de la oficina de la fiscalía, los pobladores exigirán al Gobierno Nacional la construcción de un camino de todo tiempo en el tramo de 30 km que conecta Laureles con Yabebyry. Actualmente, esta ruta resulta intransitable por el arenal en épocas de sequía y por el barro en tiempos de lluvia.
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Miguel Ortiz, uno de los pobladores que lleva tiempo reclamando la construcción de esta vía e incluso envió una carta al Presidente de la República Santiago Peña, manifestó: “La población ya no está para seguir aguantando esta situación”.
El lugareño incluso puso a disposición de los diputados por Ñeembucú, Fabiana Souto (ANR) y Diosnel Aguilera (PLRA), un proyecto de ley en busca de una solución al tramo Laureles-Yabebyry.
”Visto la incertidumbre que genera la pavimentación o el arreglo de este tramo, porque el proyecto conocido como la ruta del Corredor de Exportación no tiene fecha cierta de concreción e inicio de obras, propongo esta alternativa de solución”, señala Ortiz.
“La concesión de la obra de este tramo por 30 años al sector privado, a cambio de cobros de peajes y otros ingresos que el Estado pueda ofrecer, a fin de asegurar la transitabilidad segura en esta parte del departamento de Ñeembucú y, en especial, a nuestro sufrido pueblo de Ñeembucú”, señaló Miguel Ortiz.
