Cargando...
.El resultado del informe puede afectar directamente a jueces de Paz, cuyos juzgados fueron intervenidos el pasado lunes.
Ese día, la fiscala Belinda Bobadilla se constituyó en el Juzgado de Paz de La Encarnación, ubicado en Isabel la Católica n° 1598 c/ Mariano Roque Alonso. La jueza de allí es Analía Cibils Miñarro,
Mientras que el allanamiento del Juzgado de Paz de La Catedral 1er. turno, situado en el mismo edificio, quedó a cargo de su colega Luz Guerrero. Allí el juez es Gustavo Villalba Báez.
El Juzgado de Paz de La Catedral 2° turno, a cargo de Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino, que está situado en Fulgencio Yegros y Samudio Corrales fue allanado por el fiscal Leonardi Guerrero y el Juzgado de Paz de San Roque, ubicado en Juan Pedro Escalada (7ª Proyectada) y Colón, fue intervenido por el agente Jorge Arce, de donde se incautó el teléfono celular de la jueza Liliana González Bristot.
El quinto juzgado allanado fue el de La Recoleta, ubicado en 23 de Octubre casi Guido Spano, procedimiento a cargo de los fiscales Natalia Silva y Néstor Coronel. El juez intervenido es Víctor Rodríguez .
La denuncia que dio origen al caso
La denuncia respecto a “la mafia de los pagarés” fue presentada semanas atrás por el abogado Jorge Rolón Luna, quien puntualizó que varios funcionarios del Poder Judicial, específicamente ujieres, fraguaron notificaciones de demandas por el cobro de pagarés, dando vía libre al proceso que llegaba hasta el embargo del salario de las víctimas, sin que las mismas supieran del proceso y pudieran defenderse.
Incluso, según los anteedentes el letrado resaltó que con salarios de entre G. 3.500.000 y G. 4.000.000, estos funcionarios de los juzgados de Paz presuntamente involucrados en el esquema ostentaban un lujoso estilo de vida, con viajes a distintas partes del mundo, autos cero kilómetro y hasta bodas de ensueño, conforme a lo que manifestó.
