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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en su sesión de hoy, dispuso enjuiciar de oficio al juez de paz de Benjamín Aceval Roberto Carlos Ferreira, investigado por su presunta participación en una red de estafa con venta de vehículos.
El órgano contralor de jueces tomó la decisión en base a una publicación de nuestro diario del 21 de noviembre de 2024, bajo el título: “Desmantelan una supuesta red de estafa que operaba con un Juzgado de Paz”, entre otras divulgadas por distintos medios de comunicación.
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El enjuiciamento de oficio fue solicitado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zuccolillo, superintendente de la circunscripción judicial de Presidente Hayes, allanado el 21 de noviembre de 2024 por las fiscalas Yrides Ávila y Lourdes Bobadilla, en el marco de una investigación abierta al propietario de la playa de venta de automotores “Mathías Automotores”, por supuesta estafa.
El propietario de la mencionada playa, Porfirio Giménez, fue detenido en otro allanamiento realizado en ese mismo día, en su vivienda ubicada en Lambaré.
Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, “juzgado amigo”
Garay leyó extractos de publicaciones respecto a las explicaciones brindadas en la ocasión por los intervinientes, como por ejemplo la fiscala Yrides Ávila, quien indicó que fueron por tres causas pero tenían otras investigadas.
La agente fiscal precisió que la información que recibió era que la referida sede judicial era un “juzgado amigo” de la playa de venta de automotores Mathias, cuyo propietario recurría al mismo para tramitar sus procesos de forma irregular, para “acelerar, secuestrar y cerrar la causa”.
“En cuanto a la notoriedad de los hechos mencionados, adquirieron estado público por medios de prensa de difusión masiva, radial, televisiva y escrita y en consecuencia se puso a conocimiento del JEM por la naturaleza insólita de los hechos denunciados (...)”, explicó Garay.
“De comprobarse estos hechos resultarían gravísimas afrentas a la investidura de la magistratura, la que debe desempeñarse con rectitud absoluta tanto en su vida pública como privada, principalmente en el cumplimiento de sus labores encuadrando su conducta en los mandatos constitucionales legales y éticos. En ese sentido el interés público está afectado, en que la justicia en todas sus aristas sea independiente, imparcial, a fin de que la seguridad jurídica apermita al justiciable en que las decisiones del Poder Judicial sean siempre ajustadas a derecho ”, destacó el ministro Garay.
El preopinante resaltó además, que el juzgado de paz es el primer eslabón del acceso a la justicia para la ciudadanía, por ello la importancia de que su actuación sea correcta.
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JEM pide carpeta fiscal y expedientes de las causas tramitadas en forma irregular
La propuesta de Garay fue acompañada por los demás integrantes del JEM, el ministro de la CSJ Manuel Ramírez Candia, el senador Derlis Maidana, el diputado Alejandro Aguilera, el consejero Enrique Berni y la presidenta Alicia Pucheta.
Varela hizo hincapie en la “gravedad superlativa” de los hechos que motivan la investigación, tras reiterar que el primer contacto que el ciudadano tiene con la administración de justicia es el juzgado de Paz.
Como primera medida, el JEM solicita al Ministerio Públicó la carpeta fiscal y el expediente de las causas mencionadas.
La denuncia que dio inicio a la intervención del Ministerio Público fue presentada por cinco personas ante el subcomisario Héctor Molinas, jefe de la oficina externa de Cuatro Mojones del departamento de Lucha contra las Organizaciones Criminales.
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De acuerdo con el relato del subcomisario Molinas, las víctimas aseguraron haber adquirido vehículos en cuotas de la playa de ventas Mathías Automotores, pero luego de haber abonado los primeros meses, los propios empleados de la concesionaria no se hacían encontrar para que los mismos puedan abonar el siguiente pago, generando así un mínimo retraso de un mes.
Esto era usado como argumento por el empresario para realizar una demanda en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, para recuperar el vehículo, y el proceso se concretaba en apenas dos días, sin que los afectados sean informados de que habían sido denunciados.
El jefe policial comentó que hasta aquel momento unas 15 víctimas de esta estructura presentaron denuncia ante el Ministerio Público y casualmente todas las demandas contra las víctimas fueron promovidas por el abogado Jorge Fleitas, quien también era el representante legal de otra playa de vehículo, ubicada en Ñemby, que operaba de forma similar.
