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El inicio del juicio oral y público por el escandoloso esquema de supuestos aprietes en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo, y que salieron a luz en febrero del 2023, estaba previsto para el miércoles último, pero fue aplazado por tiempo indefinido a raíz de una nueva chicana promovida por la principal acusada, la exfiscala Ana Girala.
La exrepresentante del Ministerio Público, que está acusada por presunto cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y persecución a inocentes, recusó primeramente a la presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Yolanda Morel de Ramírez.
El argumento de los defensores de Girala, los abogados Álvaro Arias y José Enrique García, es que la magistrada no puede integrar el caso debido a que su esposo, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel Dejesús Ramírez Candia, integró la Sala Penal que declaró inadmisible el recurso de casación que planteó contra la resolución que dispuso la apertura de la causa a juicio oral y público y también representó a la máxima instancia judicial en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que había enjuiciado a la misma.
El argumento de la defensa fue descartado por las demás integrantes del colegiado, Ana Dejesús Rodríguez y Karina Cáceres, que por esta posición fueron igualmente recusadas por la defensa de Girala.
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Postura del Tribunal de Sentencia sobre recusación
“El Tribunal en mayoría entendió que no se daban ninguna de las causales invocadas por la defensa explicando con relación a la causal prevista en el inc. 1° del Art. 50, que el cónyuge de la presidenta no es parte en el presente proceso, atendiendo a que su intervención como miembro del Jurado de Enjuiciamento de Magistrados fue anterior a la integración del Tribunal de Sentencia y en el marco de otro proceso de carácter administrativo sancionador у nunca como parte”, explica el colegiado, en el informe elevado a la Cámara de Apelación.
En relación con la otra causal invocada, el Tribunal de Sentencia afirma que tampoco afecta la imparcialidad de la magistrada pues la misma no revisará la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
“Distinto es el caso invocado por las defensas, en donde el miembro de la Corte Suprema de Justicia se aparta de entender cuando su cónyuge interviene en la causa, pues deberá revisar la decisión, en el caso de la magistrada no tiene competencia para controlar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, además la resolución que fue suscrita por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no analizó el fondo de la cuestión”, resalta la nota, que cita además otros casos anteriores donde idéntico planteamiento fue rechazado por los argumentos mencionados.
Otros acusados por supuestos “aprietes” en San Lorenzo
Finalmente, el colegiado advierte que la recusación se presentó en forma extemporánea, pues una vez notificada de la integración del Tribunal de Sentencia, la defensa tenía cinco días para hacerlo y no lo hizo hasta el día del juicio oral y público.
“La recusación no tiene por objeto separar a los jueces naturales de las causas para las cuales fueron designados conforme a las leyes, porque permitir dicha situación sería desnaturalizar el instituto y pervertir el sistema acusatorio y en consecuencia el proceso penal. Lo que pretenden las defensas es separar a las juezas por una decisión adoptada durante el juicio, siendo la vía procesal para la impugnación los recursos previstos en el Código Procesal Penal”, concluyen las magistradas en su informe.
En esta causa también están acusados la exasistente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo Christi Magalí Ortega Domínguez, y la exsecretaria de dicha unidad fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, sindicadas por la Fiscalía como coautoras y cómplices de los hechos atribuidos a Girala.
También son juzgadas las abogadas Liz Elena Martínez Robles, presunta autora de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal, y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, acusada de supuesto tráfico de influencias.
Este proceso se inició a partir de una denuncia de un ciudadano al que le pidieron G. 25 millones para no acusar a su hijo por tentativa de homicidio doloso, según el requerimiento conclusivo presentado por el entonces fiscal Osmar Legal (actual juez) y Francisco Cabrera, con base en una investigación realizada entre los meses de setiembre de 2022 y febrero de 2023.
