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Celia Salinas, la jueza que hizo lugar al amparo constitucional para obtener datos sobre la deuda financiera de la Municipalidad, dijo que intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), vulneró el derecho de acceso a la información pública, al denegar de forma tácita el pedido realizado por el abogado Ezequiel santagada. La sentencia obliga a Nenecho a responder sobre el destino final de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, desviados por su administración.
En su escrito, la jueza Salinas desarmó uno a uno los argumentos planteados por la defensa de la Municipalidad en el juicio de amparo promovido por Santagada, en un intento por acceder a los documentos públicos que hacen a la deuda financiera de la comuna, incluido el destino de los G. 500.000 millones. Pese al discurso de “transparencia” del Gabinete de Nenecho, en la contestación de la demanda, la Municipalidad de Asunción se negó rotundamente a entregar los datos solicitados.
Los abogados de la Municipalidad habían apuntado a una supuesta falta de claridad del pedido para denegarlo. Como justificación de este argumento, alegaron que gran parte de las consultas habían sido respondidas en consultas anteriores. Además dijeron que el pedido de información carecía de justificación.
La defensa de la Municipalidad intentó además convencer a la jueza de declarar la prescripción del reclamo de Santagada, por el supuesto cumplimiento del plazo de 60 días que establece la ley para iniciar la acción judicial. Todos estos argumentos fueron descartados por la jueza, que decidió darle un plazo de diez días a la Municipalidad para publicar los documentos que hacen a su deuda financiera, incluido el destino final de los bonos .
Jueza evidenció desconocimiento de la ley
En su sentencia, la jueza Celia Salinas dejó en evidencia el claro desconocimiento de la ley por parte de la defensa de la Municipalidad, al señalar que la “justificación” al pedido, invocada por la Comuna, no constituye un requisito exigido para solicitar acceso a la información pública. Contrario a eso, la magistrada afirma que el artículo 4° de la ley 5282 dispone que “cualquier persona puede formular su pedido sin necesidad alguna de justificar razones”.
La jueza señala también que el pedido de información de Ezequiel Santagada, reúne los requisitos exigidos por el artículo 12° de la ley de acceso a la información pública, “al haber consignado de manera detallada, clara y precisa la información solicitada”.
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Igualmente, la magistrada desarma la justificación de la existencia de “informaciones parciales subidas al portal institucional de la Municipalidad, como una especie de respuesta tácita al requerimiento". Salinas explica que esas informaciones corresponden a “otras solicitudes requeridas con anterioridad al pedido (...) objeto del amparo”, por lo que señala que no pueden ser tenidas en cuenta como tal.
En cuanto a la prescripción alegada por la Municipalidad para pedir el rechazo del amparo y, por ende, denegar el acceso la información pública, la jueza también se inclinó por la transparencia. Salinas dijo que debía tenerse en cuenta la fecha de la reiteración del pedido -el 2 de diciembre de 2024-, como punto de partida. Además, dijo que los 60 días deben contarse después de cumplido el plazo de 15 días hábiles, que tiene la institución para contestar, o sea, a partir de 23 de enero. Al parecer de la magistrada, la demanda, planteada el 29 de enero, estaba dentro del plazo.
Nenecho vulneró el acceso a la información pública
En su sentencia, la jueza consideró que la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), vulneró el derecho de acceso a la información pública amparada por la ley al denegar de forma tácita el pedido de Santagada, sin justificativo legal válido.
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Explicó que, “por aplicación del principio pro homine, que obliga a interpretar las normas en el sentido más favorable a la protección de los derechos humanos“, se interpreta que la vulneración del derecho a la información se renueva con cada negativa y que, por lo tanto, el plazo para interponer la acción de amparo debe contarse desde la última afectación de ese derecho.
Nenecho, imputado, debe entregar información
El pasado miércoles, la jueza penal de primera instancia Celia Estela Salinas de Armoa hizo lugar al amparo constitucional presentado por el abogado Ezequiel Santagada en contra del imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista). La decisión obliga a Nenecho a entregar, en un plazo de diez días, toda la información correspondiente al destino final de los G. 500.000 millones en bonos para obras, que desvió su administración.
Benito Torres, asesor jurídico de la comuna, dijo a ABC que la Municipalidad de Asunción no apelará a la sentencia de la jueza y que dentro del plazo establecido, de diez días, pondrán a disposición de la ciudadanía esa información en el portal de la Municipalidad.
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El desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras que no se ejecutaron, fue denunciado por ABC entre marzo y mayo del año pasado. La Contraloría General de la República realizó un análisis y confirmó el desvío, lo cual derivó en la apertura de una investigación en la Fiscalía, que hace unos seis meses allanó la Municipalidad de Asunción en busca de documentos.
Paralelamente, el intendente Rodríguez también está investigado, junto a más de 20 personas más, por compras realizadas en pandemia, en el caso conocido como los “detergentes de oro”. En esta causa, la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1.800 millones y Nenecho está imputado por lesión de confianza y asociación criminal.
