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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, y Financiamiento del Terrorismo, Jorge Arce y Francisco Cabrera, elevaron el pedido de desistimiento de la causa conocida como del “avión iraní” que data del 2022, ante el juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, a cargo de la jueza Lici Teresita Sánchez.
La pesquisa a cargo de los mencionados agentes fiscales inició en el año 2022, con relación a la llegada de una aeronave de la empresa Emtrasur, con matrícula YV 3531, con 18 tripulantes, siete de ellos iraníes y 11 venezolanos, al Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú. En ese entonces había sospechas sobre la pertenencia de los tripulantes a grupos terroristas de las Fuerzas Quds.
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La nave estuvo en Paraguay entre el 13 y 15 de mayo de ese año, y realizó la carga de un total de 7.086 cajas de cigarrillos que fueron vendidos por Tabacalera del Este Sociedad Anónima (Tabesa) a Tabacos USA Inc., consignados a nombre de Tabacal Free Zone NV, de Aruba.
De acuerdo con la denuncia hecha por Gustavo Sandoval como por el ministro secretario de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, la aeronave y la tripulación habían arribado en situación irregular a territorio paraguayo y la operación de compra de cigarrillos habría sido con el fin de obtener recursos para la financiación de organizaciones terroristas.
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Para Ministerio Público no existió hecho punible
A fin de corroborar lo que había sido denunciado ante el Ministerio Público, se llevaron a cabo diligencias para reunir elementos de convicción en relación al caso, para determinar si la conducta acontecida constituye hecho punible, las circunstancias o móviles de su producción, la forma de participación y en su caso, la existencia de los efectos del delito.
El escrito de los representantes del Ministerio Público se abocó en corroborar la existencia de los hechos punibles tipificados en la Ley N° 4024/2010, estrictamente en los artículos 2° Asociación Terrorista y 3 Financiamiento del Terrorismo.
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Tras analizar las conductas de las personas investigadas en este caso, los investigadores señalaron que no existen elementos que permitan establecer la existencia de hechos punibles ni la participación de los tripulantes del avión matrícula YV3531 o de los representantes de la firma exportadora ni compradora en hechos punibles de terrorismo ni financiamiento de este.
Ante lo constatado los fiscales consideraron que la figura de la desestimación de la denuncia correspondía en derecho ya que, los hechos que fueron denunciados e investigados no reúnen los presupuestos de tipicidad de la conducta en cuanto a los sujetos.
Según Fiscalía, tripulantes estaban “limpios” y la carga en orden
En este marco, se constató que la aeronave es propiedad de la firma Emtrasur, que es la división logística y de transporte de carga de la empresa venezolana Conviasa, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Además, de que la misma entró al país con autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), para una operación no regular, consistente en el traslado de productos de Tabesa.
En ese orden, conforme a declaraciones testimoniales tanto de funcionarios de Dinac como de la Dirección de Aduanas, se obtuvo el dato de que el avión llegó sin carga alguna salvo pallets para cargar la mercadería, con 18 tripulantes a bordo, de quienes se sospechaba algún tipo de vinculación con grupos terroristas.
Sin embargo, a través de distintas diligencias hechas se corroboró que los 18 tripulantes, no contaban con órdenes de captura internacional, ni causas abiertas por hechos punibles ligados al crimen internacional o a actos terroristas.
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Se indicó en el escrito que, la Secretaria de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte), informó que los tripulantes de la aeronave identificados como: Alireza Daneshpour; Zeus Andres Rojas Velazquez; Carlos Ramón Anseume Merchan; Absolbaset Mohammadi; Gholamreza Ghasemi; José Miguel Ramirez Martinez: Ricardo Antonio Rendon Oropeza; Vicente Antonio Raga Tenias; José Angel Chacon Quintero, Emilio José Salazar Velazquez, Victoria Vanessa Valdivięzo Marmal;Ali Kawalvand; Richard Roiman Garmendia Lugo; Naghi Naei Naranj Bon; Jorge Gabriel Perez López; Nelson Alberto Coello; Faisal Azkarzadeh y Vahid Lorzanganeh, no eran indagados, tampoco tenían procesos penales o condenas y tampoco se los ligaba a grupos terroristas, según datos obtenidos por cooperación internacional.
Si bien Ezequiel Santoro Da Silva y Dario Eugenio Diaz Ocampos, vinculados a esta causa, tuvieron causas penales por hechos punibles cometidos en el país, estos no se encuentran relacionados con el financiamiento del terrorismo ni con los hechos ocurridos entre el 12 al 16 de mayo de 2022.
A esto, agregaron los fiscales que sobre la carga de cigarrillos, la misma contaba con despacho de exportación emitido por la Dirección Nacional de Aduanas, además de factura de venta y se encontraba con todos los permisos tanto fitosanitarios como los expedidos por Dinavisa.
