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La exfiscala de San Lorenzo Ana Girala está acusada por la supuesta comisión de los delitos de presunto cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, asociación criminal y persecución a inocentes. El juicio oral y público por los supuestos “aprietes” está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Yolanda Morel e integrado por Ana Rodríguez y Karina Cáceres.
En esta causa también están acusados la exasistente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Christi Magalí Ortega Domínguez, y la exsecretaria de dicha unidad fiscal, Griselda Beatriz Acha Alcaraz; sindicadas por la Fiscalía como coautoras y cómplices de los hechos atribuidos a Girala.
También son juzgadas las abogadas Liz Elena Martínez Robles, presunta autora de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal, y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, acusada de supuesto tráfico de influencias.
La estrategia de la defensa de la exfiscala Ana Girala
Como primera medida, la defensa de Girala, a cargo de los abogados Álvaro Arias y José Enrique García, recusaron a la presidenta del Tribunal, la Dra. Morel. Como este planteamiento fue rechazado por las demás integrantes del colegiado, la defensa recusó también a las otras dos magistradas, con lo que logró la suspensión del juicio.
Este proceso se inició a partir de una denuncia de un ciudadano al que le pidieron G. 25 millones para no acusar a su hijo por tentativa de homicidio doloso., según el requerimiento conclusivo presentado por el entonces fiscal Osmar Legal (actual juez) y Francisco Cabrera, en base a una investigación realizada entre los meses de setiembre del 2022 y febrero de 2023.
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De acuerdo a la acusación que consta de 185 páginas, más que como una unidad fiscal, la oficina a cargo de la ahora exagente Ana Girala funcionaba como un centro de operaciones de un grupo criminal dedicado a la extorsión y la coima, ya sea para beneficiar a personas procesadas, o para inventar imputaciones contra inocentes.
