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El 23 de enero pasado, una comitiva paraguaya integrada por 11 funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y la Policía Nacional llegó y después regresó inmediatamente de Estados Unidos porque el nuevo Gobierno de Donald Trump suspendió inesperadamente todos los cursos y congresos de seguridad que se debían impartir a representantes de países de Latinoamérica.
Los funcionarios paraguayos debían participar del Simposio de Política Ejecutiva y Desarrollo sobre Estrategias Internacionales de Ejecución Financiera, del 27 de enero al 7 de febrero de 2025. El viaje tuvo carácter oficial, es decir, que se tramitó de Estado a Estado.
Los funcionarios compatriotas incluso llegaron a instalarse en la ciudad del evento, Roswell, en el estado de Nuevo México, donde funciona la sede central de la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA), que es una instancia gubernamental bajo el control del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Sin embargo, ni bien llegaron a Roswell, el viceministro, las magistradas, la funcionaria judicial y los policías fueron avisados por los funcionarios de ILEA que el curso quedaba suspendido “hasta nuevo aviso” debido a las nuevas políticas impuestas por el ahora otra vez presidente Donald Trump.
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Cursos, suspendidos hasta “nuevo aviso”
De hecho, los compatriotas recibieron la explicación de que el Gobierno de Estados Unidos cortó la ayuda financiera para todos los programas de cooperación en materia de seguridad, principalmente con países de Latinoamérica.
Uno de los viajeros fue el representante del Poder Ejecutivo, Pablo Andrés Rojas Pichler, viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
También se fueron Claudia Carolina Criscioni Ferreira, camarista del Tribunal de Apelación Penal especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos; Sandra Noelia Kirchhofer González, jueza de Etapa de Ejecución Penal de la Capital, y Viviana Nilda Clementina Mongelós, directora de Protocolo y Ceremonial de la Corte Suprema de Justicia, todas en representación del Poder Judicial.
En tanto que por la Policía Nacional asistieron el comisario principal Julio Roberto Maldonado Larrosa, jefe de departamento de Interpol; comisario principal Sergio Rafael Insfrán Martínez, jefe de la agrupación FOPE, y comisario Pedro Heriberto Lesme Servín, subjefe del departamento de Crimen Organizado.
Otros policías que viajaron fueron el comisario Miguel Ángel Leguizamón Lugo y el comisario Héctor Rubén Molinas Noguera, personales del departamento de Crimen Organizado; el subcomisario Diego Rubén Escobar Altemburger, de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte), y el subcomisario David Gabriel Delgado Fleitas, subjefe del departamento de Homicidios.
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Silencio de la Cancillería y “paños fríos” de la Corte
Hasta hoy, la Cancillería no se ha pronunciado sobre el particular. Tampoco lo hizo la Corte Suprema de Justicia en la sesión ordinaria de hoy, donde se pasó por alto el tema y el único que se refirió al caso fue el ministro Víctor Ríos Ojeda al final de la sesión, en “asuntos varios” y de manera solapada, al señalar que se trataba de “una situación que se hizo pública y que tiene que ver con la cooperación de un país extranjero con el Paraguay en materia de combate al crimen organizado”.
“(...) más allá de los vaivenes de ciertos programas de cooperación, es importante que sepa la ciudadanía paraguaya que el Poder Judicial, que esta Corte Suprema de Justicia, va a seguir impulsando esas políticas de combate al crimen organizado, al crimen transnacional y seguramente a partir de los nuevos acontecimientos geopolíticos que están ocurriendo, hay que fortalecer las redes regionales de cooperación con países vecinos y continuar trabajando en la protección de los derechos fundamentales de las personas”, dijo Ríos.
“Si de repente los países que en un momento dado pueden cortar las cooperaciones y después quieren restablecer dichas cooperaciones dentro de este marco de política autónoma y de lucha contra el crimen organizado y conforme a los intereses especiales de cada país cooperante, seguramente con mucho gusto estas cooperaciones serán bienvenidas y ejecutadas con absoluto respeto mutuo”, agregó, tras abogar por fortalecer la cooperación con países vecinos.
Tras la exposición de Ríos, la ministra María Carolina Llanes aprovechó la ocasión para tratar de poner más “paños fríos” al tema. La ministra de la sala penal destacó que es es política institucional de la Corte Suprema fortalecer la lucha contra el crimen transnacional y en ese sentido, se ha aceptado ayudas técnicas, académicas a los efectos de dar una mejor formación a nuestros magistrados, a los efectos de que puedan estar a la altura de los desafíos y de las circunstancias.
“Y en este caso, entendemos que existe un cambio de gobierno y obviamente tienen que haber rendiciones de cuentas y reestructuraciones administrativas a los efectos de ver que cooperaciones siguen y que no. Simplemente estamos en esta situación y nosotros seguimos con nuestras políticas institucionales dentro de la Corte Suprema de Justicia”, acotó Llanes.
