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La reciente Ley N.º 7.447, que establece la unificación de los precios de habilitación vehicular en los 263 municipios del país (excepto Asunción), está generando debate en diversos sectores. Si bien la norma busca promover la equidad fiscal entre los municipios, también despierta inquietud sobre el impacto económico y las condiciones en las que operan las municipalidades.
El diputado Carlos Pereira aclaró que no respalda los costos actuales establecidos, sino la necesidad de una unificación que permita a todos los municipios operar bajo reglas claras y justas.
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“Tenemos que generar situaciones para que las municipalidades puedan competir en igualdad de condiciones. Es desleal que haya oficinas en el Chaco que expidan habilitaciones vehiculares en ciudades del departamento Central”, señaló Pereira.
El legislador también destacó que se está trabajando en modificaciones a la ley con base en propuestas presentadas por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) y los intendentes.
“Entendemos que la competencia fiscal debe estar relacionada con los servicios que ofrece el municipio y con una menor burocracia, buscando no perjudicar al usuario”, añadió.
La ley también puso en evidencia problemas de competencia fiscal desleal entre municipios, una cuestión que Pereira mencionó como prioritaria para resolver.
“Los habitantes de algunos municipios prefieren pagar sus habilitaciones en otras localidades debido a la falta de condiciones equitativas. Esto genera una distorsión en el sistema y afecta el buen desempeño de las municipalidades”, concluyó el diputado.
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Impacto económico y propuestas de mejora
Por su parte, Óscar Cabrera, presidente de la OPACI, expresó que la organización está abierta a reformular la normativa para que se ajuste mejor a la realidad de los ciudadanos. “No podemos permitir que en un municipio se cobre G. 50.000 y en otro G. 500.000 por el mismo tipo de vehículo. Es necesario establecer parámetros más justos”, indicó Cabrera.
Además, Cabrera anunció que la OPACI está organizando una reunión con su junta directiva y representantes municipales para preparar un pedido formal de modificación de la ley.
Según mencionó, el objetivo principal es reducir el impacto económico en la ciudadanía y garantizar que los costos sean proporcionales a las características del vehículo y los servicios municipales asociados.