Grupo de madres denuncia supuesto abuso de poder y “misoginia” de dos defensoras públicas

Un grupo de cuatro madres, representadas por una abogada, se acercó al diario ABC Color para presentar una denuncia en contra de dos defensoras públicas, quienes según las denunciantes, tenían conductas “misóginas” y con un supuesto abuso de poder en los casos que implican a sus hijos. Ambas funcionarias dieron su versión al diario.

Imagen ilustrativa: una estatua de Astrea, diosa de la Justicia.
Imagen ilustrativa: una estatua de Astrea, diosa de la Justicia.

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La abogada Paola Palavecino, acompañada de cuatro madres, dio a conocer una serie de denuncias en contra de dos defensoras públicas, quienes supuestamente habrían cometido un mal desempeño de funciones en casos que implican a los hijos de las mujeres.

Según Palavecino, ya se presentaron denuncias ante el Ministerio Público, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y también se recurrió a una auditoría de gestión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Además de esto, las denunciantes coinciden que ambas funcionarias presuntamente eran “intratables” y presentaban conductas “misóginas” hacia ellas, incluso hasta una supuesta xenofobia porque una de ellas es extranjera.

Las denunciadas son las abogadas Adriana Marecos y Edita Roa. En el caso de la primera, tres mamás forman parte de la denuncia.

Defensoras dan su versión

Ante este caso, ABC Color contactó con las defensoras y dieron sus versiones. Sobre las denuncias, Marecos negó completamente haber maltratado a alguna de las madres y sostuvo que de ninguna manera presentaría una conducta misógina, esto porque ella asegura ser feminista y con esto, trabaja por los derechos de las mujeres.

Sobre sus procedimientos, sostiene que ella actuó conforme dispone la ley en estos casos que corresponderían a presunto maltrato, abuso sexual y abandono de menores. Asimismo, reiteró que por lo establecido en el artículo 27 del Código de la Niñez y Adolescencia, los funcionarios que intervengan en la investigación de asuntos judiciales relativos al niño o adolescente, están obligados a guardar secreto.

“Lo que tiene que hacer un defensor público es comunicar un hecho al juzgado y existe la obligación de iniciar un juicio donde se puede demostrar que el niño no fue maltratado, que el niño no fue abandonado o que la niña no fue abusada. Mi deber es tutelar los derechos de esos niños y mi obligación es comunicar al juzgado, no se puede estar contradiciendo la ley”, comentó.

Sobre una supuesta xenofobia o conducta “racista” hacia una de ellas por ser extranjera, la defensora volvió a negar tales acusaciones y también sostuvo que ella tuvo que apartarse de este expediente ante “actos de difamación y calumnia” en su contra. “Hace rato no tengo intervención”, concluyó.

Por su parte, Roa también fue consultada y contestó: “totalmente mentira, no es cierto y jamás he maltratado a nadie. Estamos para servir y eso hacemos”.

Sobre su supuesto mal desempeño de funciones declaró que sus actuaciones “están documentadas” y también citó que por el artículo 27 del Código de la Niñez tampoco puede hablar de las causas en las que interviene.

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