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El caso Mocipar da giro judicial con la nueva imputación de Dany Édgar Xavier Durand Espínola, junto con otros seis exdirectivos de la empresa Mocipar Propiedades SA, por presunta estafa, lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra y asociación criminal.
Además de Durand, los imputados son Luz Marina González de Durand, Fernando Román Fernández, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, María Patricia Espínola de Durand, Marcela Adriana Durand Martínez y Flavio Arturo Britos Ocampo. Varios de ellos también ya fueron investigados en otras casusas similares dentro del caso Mocipar.
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Esta nueva investigación, liderada por el fiscal Aldo Cantero, también incluye la solicitud de medidas cautelares de prisión preventiva para los imputados.
Esta denuncia ya fue formulada el 11 de marzo de 2020, y detalla un esquema que habría operado desde 2006 hasta principios de 2020. La presunta operación ilegal habría ofrecido bienes como vehículos, propiedades y electrodomésticos a precios accesibles, promocionados a través del programa televisivo “Domingo en Familia”, conducido por el imputado Dany Durand.
Sin embargo, según la acusación, las víctimas habrían pagado cuotas durante años sin recibir los bienes prometidos, sufriendo un perjuicio patrimonial que asciende a aproximadamente G. 162.775.000.
Los detalles del esquema denunciado
Según la imputación, los miembros del directorio de Mocipar establecieron una estructura que permitía recaudar sumas de dinero mensualmente de personas que, tras cumplir con los pagos establecidos en los contratos, no recibieron ninguna contraprestación.
Cuando los afectados reclamaban la entrega de bienes o el reembolso de sus aportes, eran obligados a firmar nuevos contratos o aceptar planes más extensos, bajo la advertencia de que podrían perder todo lo abonado hasta ese momento.
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Algunas víctimas relataron haber comenzado a pagar cuotas tan bajas como G. 135.000 en 2011, solo para verlas incrementarse a más de G. 1.000.000 en años posteriores, sin obtener las viviendas o bienes comprometidos en los contratos.
La imputación también incluye el delito de conducta conducente a la quiebra, ya que las operaciones de la empresa habrían sido deliberadamente manejadas para evitar cumplir con las obligaciones contractuales y despojar a los clientes de sus derechos.
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El caso Mocipar ya generó indignación entre las víctimas, muchas de las cuales denunciaron haber sido forzadas a firmar contratos lesivos para no perder los aportes realizados durante años. Muchos de los socios aparentemente fueron despojados de sus contratos originales y condicionados a la firma de una recisión.
Según la imputación, las víctimas no tenían otra alternativa que aceptar planes más extensos, o la entrega de bienes distintos a los comprometidos inicialmente, bajo la supuesta advertencia de que perderían todo.