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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, responsabilizó a las autoridades del gobierno anterior, Arnoldo Wiens (entonces ministro del MOPC) y Mario Abdo Benítez (presidente de la República), por la demolición de las obras del metrobús, apuntando que el mayor daño que se generó fue no continuar con la obra.
“El daño que yo veo es que se pagó por una obra que fue demolida. Para mí es la demolición -y no la continuación- el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado”, indicó el procurador.
A renglón seguido manifestó: “La persona responsable es la que destruyó todo lo que se construyó. Son el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (Arnoldo Wiens) y el presidente anterior (Mario Abdo Benítez)”.
Según los antecedentes, el metrobús fue el principal fracaso reconocido por el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018). El gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) rescindió el contrato en 2020 y la firma portuguesa Mota Engil ganó el arbitraje en diciembre del 2023 por 17 millones de dólares, más intereses.
La semana pasada, el procurador anunció que el Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital anuló parcialmente el laudo arbitral y solamente queda la obligación de los más de 600 millones de guaraníes que tiene que pagar Mota Engil al MOPC, y de la misma manera, quedan 2.6 millones de dólares que debe devolver el MOPC a Mota Engil en concepto de monto retenido.
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“Estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi 16 millones de dólares que se pretendía ejecutar civilmente. Lo que tiene que ver con responsabilidad penal, si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público. Nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, expresó González.
Luego profundizó y señaló: “Lo que se argumentó, lo que está en la ley, lo que determinó el tribunal es que se puede rescindir un contrato, en eso no hay ningún impedimento. Lo que se critica es el discurso político que dieron, que se basaban en incumplimientos, que hoy día quedaron demostrados que no existieron. Por eso es que tenemos que devolver en concepto de pago retenido, porque ellos si cumplieron”
“Si el gobierno anterior no rescindía el contrato, se iba a poder terminar la obra. Había permisos municipales pendientes y en trámite. Si se cumplían los requisitos legales, se podían obtener esos permisos. Hay publicaciones que dan cuenta de reuniones interinstitucionales sobre ese tema”, finalizó.