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El Instituto de Alimentación y Nutrición (INAN) realizó ayer una inspección de vigilancia en el local comercial Fortis de Mariano Roque Alonso, luego de recibir la denuncia por parte de la Unión Industrial Paraguaya, ante la presencia de productos que no contaban con registro sanitario.
La directora del INAN, Elsi Ovelar, explicó: “Realizamos una inspección de vigilancia, que es cuando vamos a los locales a controlar estos requisitos. Todos los productos alimenticios, para ser comercializados en el país, tienen que estar registrados, sean importados o nacionales. Ayer llegamos a este local en Mariano Roque Alonso y se retuvieron más de mil latas de un producto de una bebida (energizante)”.
Según explico la licenciada, se encontraron cerca de 1.000 productos alimenticios que no tenían registro sanitario para su venta en Paraguay. Los mismos fueron importados por L.A. Business SA, una importadora ubicada en Ciudad del Este, la cual no cuenta con registro sanitario.
“Esos productos quedaron retenidos. Se hizo un acta, se contaron cuántos productos quedaron retenidos y los mismos no se pueden tocar. Tienen que estar ahí hasta el momento que se lleve a cabo el sumario administrativo y se disponga de esos productos”, comentó Ovelar.
Una medida cautelar
Ante la consulta de cómo se puede importar productos alimenticios sin contar con registro sanitario, la directora del INAN dejó en evidencia a la Corte Suprema de Justicia, principal responsable de permitir esta situación.
“Hay una medida cautelar que la Corte emitió a favor de esta empresa para la importación, pero no para la comercialización. Desde mi punto de vista, es inapropiado. ¿Quién va a importar productos para guardarlos en un depósito y no comercializar?”, señaló.
Esta medida fue otorgada a la empresa L.A. Business S.A. en febrero pasado, la cual tiene total libertad para importar productos sin registro sanitario, lo cual en su momento generó el malestar de varios gremios empresariales. Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los firmantes de la medida cautelar.
“No se descarta que más locales estén comercializando estos productos que no tienen registro sanitario y por eso vamos a seguir con los trabajos de vigilancia”, finalizó Elsi Ovelar.
Sin respuesta
Desde ABC intentamos comunicarnos con Felipe Cogorno, uno de los representantes de la firma Fortis, para conocer su versión de los hechos, pero no hubo respuestas ante las llamadas y los mensajes enviados.
ABC continúa abierto a la comunicación con los directivos de Fortis, para consignar sus declaraciones.
Nuestro diario también intentó comunicarse con L.A. Business SA, pero no aparecen datos en registros oficiales en dónde contactar a sus propietarios. De acuerdo con el registro de beneficiarios finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dicha empresa es propiedad de Luis Fernández Álvarez Jaramillo y Sandra de Oliveira, ambos de Ciudad del Este, con número de teléfono y dirección desconocidos.
