Cargando...
Pobladores de Jesús de Tavarangue manifestaron nuevamente su descontento frente a la administración del intendente colorado Víctor Garay, quien está imputado por lesión de confianza y producción mediata de documentos no auténticos. Por esta última, estaría fijado para agosto del 2025 la elevación a juicio en el caso promovido por María Laura Bonette, quien sostiene que, sin ser arquitecta, falsificaron su firma para justificar obras realizadas por la comuna.
Los ciudadanos buscan impedir que el intendente ingrese al edificio municipal, tras su retorno al cargo luego de que se revocaran las medidas cautelares que le impedían ejercer sus funciones. Desde esta mañana controlaron cada rodado que ingresó al edificio comunal para constatar que Garay no entre a su despacho.
Los manifestantes denuncian que varias obras en la localidad siguen inconclusas y abandonadas. Además, señalan que la administración ha convertido el exmatadero en un vertedero clandestino a cielo abierto, sin controles ambientales y cerca de un cauce hídrico.
Preocupación por fondos especiales
Los pobladores reiteraron su inquietud por la iniciativa de la Cámara de Diputados de otorgar al municipio el desembolso de fondos destinados a localidades que albergan patrimonios culturales.
El proyecto busca habilitar los recursos establecidos por las leyes 5255/14 y 6145/18, con una asignación de G. 5.000 millones para fortalecer ciudades con Misiones Jesuíticas Guaraníes, que también beneficiarían a los distritos de San Cosme y Damián y a Trinidad.
Ante la falta de garantías de una administración adecuada, los manifestantes amenazan con encadenarse frente al Congreso si sus reclamos no son atendidos.
Versión del intendente
El abogado del intendente, Salim Abud, declaró que su representado desea informar a la ciudadanía que los fondos establecidos por el proyecto no serán administrados directamente por la municipalidad, sino a través de proyectos gestionados por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).
Abud aclaró que Garay no tiene nada que ocultar y lamenta que los manifestantes confundan la imputación con una condena. Resaltó que los pobladores están en su derecho de manifestarse y demostrar su descontento.
Abud explicó que los señalamientos de la Contraloría General de la República (CGR) correspondían a faltas administrativas ya subsanadas, razón por la cual el municipio sigue recibiendo sus desembolsos. Indicó que se tomarán medidas legales solo si los manifestantes bloquean el acceso a la municipalidad a otros contribuyentes.