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La presentación de documentos se realizó en la tarde de este jueves en la sede del Ministerio Público por parte del Ministerio de Defensa. El presunto tráfico de armas que involucra a militares y policías fue dado a conocerse esta semana.
La denuncia fue presentada ante la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público, según informó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González.
“A partir de ahora toda la investigación queda a cargo del Ministerio Público. Desde la Dimabel y las Fuerzas Armadas nos ponemos a disposición para coadyuvar en la investigación”, especificó.
Indica que el esquema está siendo desbaratado gracias a la rápida intervención y que se respetará el debido proceso para sancionar a quienes corresponda.
“Los involucrados son de rango más bajo, los militares, y ya no están en sus funciones”, indicó.
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Así funcionaba el esquema
Reclutadores asociados a las casas de venta de armas y con posibles vínculos con el crimen organizado infiltran instituciones policiales y militares.
Convencen a los uniformados de adquirir de forma legal las armas para luego entregarlas a estos reclutadores para su envío al exterior.
Se denuncia esas armas como sustraídas o extraviadas para deslindar responsabilidad.
La persona reclutada recibe entre G. 500.000 y G. 800.000 por “prestar” el documento. “El esquema es simple, pero sumamente grave”, indica.