Cargando...
En el distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, pobladores afectados por la obra vial que unirá San Pedro con el departamento de Concepción se movilizan y cierran en forma intermitente el camino rural. Los frentistas reclaman que, a pesar de haber sido afectados por el proyecto, no han recibido la compensación que consideran justa. Esta situación ha generado malestar entre los afectados, quienes han optado por esta medida de presión para obtener una respuesta favorable a sus demandas.
La construcción de una importante ruta de 150 kilómetros, que conectará San Pedro con el departamento de Concepción, ha comenzado en medio de una serie de reclamos y conflictos. El primer tramo de la obra, conocido como Lote 1, está a cargo de la empresa Ecomipa S.A., que fue adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en abril de 2022 con un monto de G. 253.153.536.744. Este tramo tiene una extensión de 50 km y se inicia en el Cruce Yacaré Ñe’e sobre la ruta PY11. Las obras incluyen movimientos de suelo, drenajes, pavimentación con carpeta asfáltica, y otras mejoras.
Lea más: Sampedranos bloquean acceso a constructora para exigir indemnización
Sin embargo, el desarrollo de esta infraestructura se ha visto obstaculizado por el conflicto que enfrenta la empresa Ecomipa con más de 300 frentistas, que se van solucionando, pero aún quedan 41 familias del distrito de San Pedro de Ycuamandyyú. Estos frentistas exigen el pago de indemnizaciones debido a los impactos que la obra ha tenido en sus propiedades y comunidades. Ante la falta de respuesta, los afectados han optado por bloquear el camino rural, como medida de protesta.
El proyecto de mejoramiento de rutas, que está financiado por el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), tiene un costo total de G. 658.885 millones e involucra no solo a San Pedro, sino también a una parte del departamento de Concepción. La tensión entre los frentistas, el Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora sigue afectando el avance de las obras, mientras los residentes afectados continúan reclamando por el pago justo de sus indemnizaciones.