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La semana pasada, el presidente Santiago Peña firmó la declaración de Chapultepec, un instrumento internacional que establece una serie de principios sobre la libertad de expresión y de prensa. En la ocasión, el mandatario cartista aseguró que “sin libertad de prensa, moriríamos asfixiados”.
Sin embargo, un detalle del cual no se habló fue que el Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa del 2024 confirmó que durante su gobierno el país presentó un clima de “restricción”. El periodo analizado fue desde el mes de agosto del 2023, precisamente cuando ingresó Peña al Gobierno, hasta el mismo mes de este año.
Entre el 2020 y el 2022, Paraguay tuvo “baja restricción” en libertad de expresión y prensa. Sin embargo, desde el 2023, el país entró al nivel de “restricción”. Actualmente, nos encontramos en el mismo nivel que Costa Rica, Argentina, Ecuador, México y Colombia.
Los únicos países que están peor son: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Mientras que los que encabezan la lista, con altos niveles de libertad de expresión y prensa, son: Chile, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos y Jamaica.
El “Índice de Chapultepec” sobre la situación de la prensa en las Américas fue dado a conocer en el marco de la 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrada este año en Córdoba, Argentina.
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Según el cuadro de datos compartido oficialmente, la medición más crítica se centra en el “control de medios y de periodismo” y, sobre todo, en el entorno legislativo y en el Ejecutivo.
El resumen del informe señala que el primer año de gobierno de Peña estuvo marcado por tensiones, crisis políticas y cuestionamientos de diversa índole. También se destacó que los actores de la oposición se encuentran en posición minoritaria en el Congreso y han denunciado un clima de censura política, atropellos a las libertades, restricciones a la discusión pública sobre temas de interés social y sanciones arbitrarias, como fue la expulsión de Kattya González.
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Retroceso del acceso a la información pública
Además, se destacó que mujeres periodistas que cubren el Congreso Nacional han sido víctimas de agresiones por parte de algunos parlamentarios. El informe señala que eso genera preocupación sobre la impunidad de esta clase de hechos cuando el poder político es responsable y la falta de garantías para trabajar de manera libre en las instituciones de esta naturaleza.
“En el ámbito de la transparencia, ciertas decisiones del gobierno han sido percibidas como un retroceso en el acceso a la información pública, limitando la capacidad de las personas a realizar solicitudes de información sin mayores requisitos formales”, cita parte del documento.
Agrega que el gobierno de Peña enfrenta crecientes demandas por un ejercicio más inclusivo y transparente del poder, “en medio de un escenario político marcado por las tensiones con la oposición y las organizaciones de la sociedad civil, agresiones a la prensa y crecientes inquietudes sobre el respeto a las libertades fundamentales”.
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Se agrava la violencia contra las mujeres periodistas
La Sociedad Interamericana de Prensa consideró que los periodistas paraguayos siguen enfrentando un entorno de riesgo en el ejercicio de su labor. Se reportaron al menos 22 incidentes de agresiones y amenazas dirigidas a periodistas, en las cuales actores estatales fueron los involucrados de manera directa.
Se menciona que se registraron distintos episodios de censura, que afectaron a periodistas y medios de comunicación. “El análisis de los resultados revela un panorama preocupante en cuanto a la seguridad de las mujeres periodistas, en especial aquellas que cubren temas políticos”, se destaca.
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En ese sentido, el SIP recordó el caso del diputado Yamil Esgaib, que se destaca como “un ejemplo de cómo figuras políticas de alto poder pueden ser agresores directos”. La sociedad señaló casos de agresiones contra Rocío Pereira y Sara Moreno, el hostigamiento en contra de Mercedes “Menchi” Barriocanal y la censura judicial contra Mabel Portillo y Fredy Chamorro.
Se destaca además un estudio realizado por el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía (Cidsep), en colaboración con la Unesco, que revela que más del 50% de los periodistas encuestados (200) ha recurrido a la autocensura debido a la violencia recibida que, además, le ha hecho disminuir su presencia en redes sociales (35%).
Este dato, junto a la falta de seguridad percibida (37%) y la creciente intimidación digital (61,5 %), destacan el entorno hostil en el que operan los periodistas en Paraguay.
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Las amenazas y debilidades de Paraguay
En el análisis de debilidades, el Índice Chapultepec indica que las debilidades principales son:
- Escasa o nula investigación por parte del Ministerio Público en casos de crímenes contra periodistas
- Falta de información proactiva sobre el estado de los casos judiciales en crímenes contra periodistas
- Falta institucionalización de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay
- Falta de presupuesto de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay
- Impunidad judicial
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Además, como amenazas, el índice menciona:
- Afianzamiento del crimen organizado y su expansión a varias zonas del país
- Desinterés político en el estudio y aprobación de la ley de protección integral a periodistas
- Clase política con intención de inhibir la labor de las organizaciones de la sociedad civil
Las fortalezas giran en torno a la sociedad civil y a la prensa. Se indica, por ejemplo, el monitoreo de agresiones y violencia contra periodistas y medios, por parte de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay. Además, la otra fortaleza es el interés de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Las recomendaciones de la SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa, en medio de todos esos problemas detectados, señala que para lograr una mejora sustancial en la libertad de prensa y de expresión en Paraguay se requieren reformas profundas que aborden tanto los problemas de violencia e impunidad, como en las barreras estructurales para el acceso a la información y el ejercicio del periodismo.
La discusión de un proyecto de ley de protección de periodistas es sumamente necesaria en ese contexto. Sin embargo, apenas ayer, el presidente Santiago Peña respondió agresivamente a la prensa cuando fue consultado por la inversión de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) en bonos de Ueno Bank, vinculado a Ueno Holding SAECA, donde el mandatario es accionista.
Peña apuntó directamente contra un cronista, acusándolo de mentir a los jubilados.