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Se trata de Juan Antonio Espínola González (51 años), Fermín César Alberto Benegas Núñez (36), y Roberto Carlos Ríos Melgarejo (51), funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) quienes fueron imputados por exacción, descrito en el artículo 312° del Código Penal. La acción penal fue presentada por la fiscala Belinda Bobadilla, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
La fiscala solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país y una caución real de G. 500 millones, en relación a Espínola y Benegas, mientras que por G. 150 millones para el caso de Ríos.
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La causa recayó en el juzgado de Humberto Otazú, juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos. Este deberá resolver si admite la imputación y convocar a los investigados para su audiencia de imposición de medidas.
Según los datos señalados en la imputación, entre 2017 y setiembre de 2018, los ahora imputados, se habrían apoderado de la suma de G. 451 millones que debían haber ingresado a las cuentas de la ANNP. Esto, mediante la modalidad de emisión de doble factura, con relación a la firma “Frigorífico Concepción SA”, con 26 operaciones en el primer periodo y 193 operaciones en el segundo periodo. Así, percibían la suma que esa importadora abonaba, pero no rendían el monto total a la administración central.
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Supuesta “tragada” de cajeros de la ANNP en PJC
La imputación fiscala expone que desde el 25 de noviembre de 2016 hasta el 20 de junio de 2017, Juan Espínola se desempeñó como administrador de la terminal portuaria de Pedro Juan Caballero (Amambay). Este fue sucedido por Jaime Pérez Cubilla, entre el 20 de julio de 2017 y el 24 de mayo de 2018.
Como encargado general de caja, “confeccionó y firmó planillas durante el 2017 y 2018 de rendiciones de parte diario de boletas de caja expedidas y reporte diario de recaudación”. En ese aspecto, la hipótesis del Ministerio Público señala que “habría omitido consignar los montos reales percibidos por él, en presunta connivencia con el liquidador”.
Por su parte, Fermín Benegas, se desempeñó como encargado general de caja entre el 25 de noviembre de 2016 hasta el 24 de mayo de 2018, cuando fue encargado general de caja y liquidaciones. La fiscala puntualiza que, según informes recogidos, esta terminal hasta agosto del 2018 no tenía liquidador.
En cuanto a Roberto Ríos, se cuenta con los datos de que se desempeñó como encargado de liquidaciones por un mes, habiendo sido designado por el 2 de agosto de 2018 y desafectado el 10 de septiembre de 2018. Este hombre habría fungido como cajero, y en ese cargo, habría confeccionado las liquidaciones que en la realidad debían ser abonadas en caja por los importadores.
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Modo de operar, según la Fiscalía
En las páginas del escrito fiscal se observan los datos de que, en el periodo 2017 a setiembre de 2018 hubo una discrepancia entre lo facturado y rendido como ingreso en la terminal portuaria de Pedro Juan Caballero a la administración central con lo que realmente se habría abonado por las empresas importadoras, según lo que estas reportaban y declaraban en el sistema Sofia.
Así se tiene que de las facturas de ventas emitidas por la terminal portuaria, en 2017 se tiene como percibido G. 958.732.774, relacionado al cobro de 1.899 facturas originales rendidas por el puesto. Mientras que, en 2018 se tiene como percibida la suma de G. 796.171.435, correspondiente a 1.344 facturas originales rendidas.
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“Sin embargo, los montos que fueron rendidos por los administradores de la terminal de Pedro Juan Caballero, en el periodo 2017 y 2018, mes a mes, conforme a los reportes confeccionados por los cajeros Juan Antonio Espínola González y Fermin Cesar Begas Núñez y el liquidador Roberto Carlos Rios Melgarejo, serían inferior a los montos que fueron realmente liquidados y efectivamente cobrados a los importadores, y ello habría podido determinarse tanto de lo que estos declararon ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios - DNIT)”.
Durante el 2017, la empresa Lubrimaster SA habría realizado 45 operaciones de despachos con la ANNP; pero, 13 de ellas que ascienden a G. 18.150.608 fueron facturas a otra importadora y no habrían sido rendidas por los funcionarios de dicha terminal portuaria a la administración central. En 2018, se habrían realizado 29 operaciones, de las cuales 18 de ellas, que llegan al monto de G. 21.366.725, no habrían sido rendidas por la terminal PJC.
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En tanto que la firma Frigorífico Concepción SA, en 2017, habría realizado 135 operaciones de importaciones con la ANNP; pero solo 26 facturas, que ascienden a G. 45.885.647, fueron emitidas por la entidad a favor de otras importadoras y no habrían sido rendidas por los funcionarios. En 2018, se habrían efectuado 289 operaciones, de las cuales 193, que rondan los G. 366.317.021, fueron emitidas por la ANNP y no rendidas.
En todos los casos, las facturas emitidas a favor del frigorífico como las emitidas a favor de otras importadoras, presentan el mismo número de timbrado y numeración; sin embargo, existen diferencias entre los montos totales y el RUC (Razón Social) de los importadores (consignatarios).
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Denuncia de Ramón Retamozo inició causa que casi le costó el cargo al fiscal Luis Said
Los antecedentes de la causa señalan que el 11 de diciembre de 2018, la Fiscalía Adjunta remitió a la Unidad Fiscal la denuncia presentada por el entonces titular de la ANNP y hoy senador, Ramón Retamozo. En la misma, puso a conocimiento el resultado de una auditoría interna en la institución a su cargo, referente a la gestión de las terminales portuarias, correspondiente al periodo 2017 a 2018.
Mediante dicha diligencia advirtió las irregularidades en el sistema de percepción de tasas portuarias en la terminal de Pedro Juan Caballero. También, una carta interna remitida por el interventor designado de la terminal portuaria de Villeta, permitió constatar irregularidades; ambas referentes a montos de dinero en el citado concepto que no fueron ingresados a la institución portuaria.
Posteriormente, a la denuncia radicada, el presidente de la ANNP remitió una ampliación respecto a las mencionadas terminales, en relación al periodo 2017. Dicha causa fue tramitada por el fiscal Luis Said, quien debido a este caso fue enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y este año, estuvo a un paso de ser destituido por ese órgano extrajudicial.
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Dicho proceso inició en febrero de 2023, cuando con Retamozo, ya como senador de Fuerza Republicana, accedió a la representación de la Cámara Alta ante el JEM. El 20 de marzo de ese año, a instancias de Retamozo, el JEM decidió iniciar una investigación preliminar al fiscal Said por supuesta inacción en la causa referente a la ANNP y por presunta falta de imputación. El 20 de junio de 2023, a una semana de dejar el JEM Retamozo votó por el enjuiciamiento de Said.
Finalmente, el 29 de julio de 2024, el JEM llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que resolvió el apercibimiento al fiscal Luis Said. Esto luego de hallarlo culpable de no haber impulsado por 2 años y medio una pesquisa relacionada a un perjuicio millonario a la ANNP. Por otro lado, Said fue absuelto del segundo hecho acusado: la falta de imputación.