Cargando...
El ex ministro de la Niñez y Adolescencia José María Orué Rolandi tiene tiempo hasta este martes 8 de octubre para ponerse a disposición del juzgado de Ejecución a cargo del juez Carlos Mendoza, para cumplir su condena a 4 años de cárcel por lesión de confianza, que quedó firme en junio de 2023 cuando la Sala Penal rechazó el recurso de casación planteado por la defensa.
El magistrado también intimó a María Araceli Cotillo Rolón, condenada a 2 años de cárcel en la misma causa penal, por lesión de confianza, de tal manera a ejecutar la sentencia. El emplazamiento del Juzgado de Ejecución es bajo apercibimiento de que en caso de no ponerse a disposición en la forma y plazo señalado se procederá, inmediatamente y sin más trámites a ordenar su captura en todo el territorio nacional.
Lea más: Rechazan recurso de casación y exministro de la Niñez Orué Rolandi deberá ir a la cárcel
También fue emplazada hasta hoy para ponerse a disposición de la Justicia la condenada Laura Aida Gamarra de Doldán, quien debe cumplir una pena a 2 años de cárcel, tras ser hallada culpable de lesión de confianza que ocasionó un daño patrimonial al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
En los autos interlocutorios que emplaza a los tres condenados en la presente causa, el juez de Ejecución Especializado en Crimen Organizado resalta que no existe ninguna acción de inconstitucionalidad pendiente, que impida la ejecución de la Sentencia Definitiva N° 179 dictada el 10 de julio de 2020 por un Tribunal de Sentencia.
Cámara redujo condenas a cómplices del ex ministro de la Niñez
En marzo del año 2021 el Tribunal de Apelaciones Tercera Sala integrada con los camaristas José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, con el voto en mayoría de estos dos últimos, redujo a 2 años las condenas de los cómplices de lesión de confianza, por el desvío de fondos.
Lea más: Cámara confirma condena de 4 años impuesta al exministro de la Niñez
Las condenadas María Aracelli Cotillo Rolón y Laura Aida Gamarra de Doldán, quien en el juicio oral fueron sentenciadas a 2 años y seis meses de prisión, fueron las beneficiados con la reducción de sus penas, por decisión del tribunal de alzada.
Millonario perjuicio dejó gestión de José Orué Rolandi
En el juicio oral los fiscales Rodrigo Estigarribia (actualmente juez de Garantías) y Luis Piñánez habían solicitado que la condena sea por lesión de confianza grave, ya que se causó un perjuicio de G. 3.642.442.072 al patrimonio de la entonces Secretaría de la Niñez y la Adolescencia con la sobrefacturación de los insumos adquiridos. Estos recursos eran para cubrir desayuno, almuerzo y merienda para 54 centros comunitarios abiertos y de protección a niños, niñas y adolescentes en situación de extrema pobreza, beneficiarios de los programas “Abrazo” y “Painac”.
El Ministerio Público puntualizó en los alegatos finales que también se afectó a los niños a los que la institución asistía, debido que estos recibieron alimentos en mal estado, como carne podrida.
Lea más: Daño patrimonial grave al caso “un vaso de leche”
Sin embargo, solo el juez de Sentencia Juan Carlos Zárate votó por calificar como grave el hecho punible que cometieron los ahora condenados; mientras que la presidenta del tribunal Laura Ocampo y el juez Fabián Weisensee resolvieron no atender el pedido de la Fiscalía.
La acusación del Ministerio Público señala que en una licitación de la Secretaría de la Niñez del 12 de diciembre de 2012, se montó un esquema para beneficiar a la firma “Granos y Aceites”, perteneciente a la empresaria Nancy Lucina Godoy, que proveyó a la institución insumos alimenticios a precios sobrefacturados por G. 3.642.442.072. También se ocasionó perjuicio por G. 3.010.768.440 en la ejecución del contrato al recibir solo el 75% de los insumos.
Godoy se libró del juicio por la no provisión de alimentos por los que pagó el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia al conciliar con ese ente y devolver G. 3.400 millones del perjuicio. Por esta razón, el Tribunal de Sentencia declaró la extinción de su proceso por la conciliación con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con la venia de la Procuraduría General de la República y el visto bueno de los fiscales de Delitos Económicos Estigarribia y Piñánez.
Lea más: Proveedora vip del Estado zafa juicio con reparación
En el acuerdo de reparación firmado en el año 2020, se estableció que la propietaria de la empresa “Granos y Aceites” transfiera al Ministerio dos inmuebles ubicados en la ciudad de Ypacaraí valuados en G. 400 millones en total y dos inmuebles con tinglados construidos en San Lorenzo y tasados en G. 1.400 millones.
Acordó además la construcción de un albergue en Ñemby con un costo de G. 700 millones y el depósito en efectivo de G. 1.000 millones en una cuenta de la cartera estatal y la provisión de leche por el periodo de cinco años.
En la época, los demás acusados, entre ellos Orué, pretendieron ser beneficiados con el acuerdo y buscaron la extinción del proceso, pero el tribunal rechazó dicha pretensión y el juicio prosiguió para ellos, con el resultado ya conocido.