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La jueza de Garantías Cynthia Lovera admitió la acusación presentada por la fiscala Alba Delvalle y la Abg. Gessy Ruiz Díaz, en representación de la querella adhesiva; y resolvió que el exdiputado colorado y extitular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand Xavier Espínola sea juzgado junto a otros siete exdirectivos de Mocipar, que están acusados por supuesta estafa y otros hechos.
La causa penal elevada a juicio oral y público es por la supuesta comisión de los hechos de estafa, lavado de dinero, asociación criminal, lesión de confianza, estafa en grado de tentativa, evasión de aportes a la seguridad social, conducta indebida en situación de crisis y conducta conducente a quiebra.
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Los demás exdirectivos de Mocipar que afrontarán juicio oral son Luz Marina González de Durand (esposa del exdiputado), Fernando Román Fernández, Marcela Adrián Durand Martínez, Teresita Britos de Román, Favio Britos Ocampo, María Cristina Coeffier Villalba y Myriam Teme Buscio.
El juzgado rechazó prácticamente todos los incidentes planteados por las defensas de los acusados, entre ellos la nulidad de la acusación, excepción de falta de acción, sobreseimiento definitivo, abandono de querella por presentación extemporánea e incumplir los requisitos establecidos para la acusación, y la exclusión de las pruebas ofrecidas por la fiscalía y la querella adhesiva.
Estafa a través de Mocipar
La acusación fiscal resalta que los encausados conformaban una estructura de organización empresarial y buscaban obtener bienes patrimoniales resultante de la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas de Mocipar.
Estos bienes también fueron obtenidos mediante la falta de pago de sus proveedores de bienes, siendo la idea y la dirección de la mecánica de “obtener bienes patrimoniales de forma indebida”, según la fiscalía.
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El perjuicio patrimonial ocasionado a un total de 31 víctimas de estafa asciende a la suma de G. 867.087.725, cuyo origen proviene de las estructuras contractuales ilícitas, diseñadas para obtener beneficios patrimoniales indebidos provenientes de los aportes de los clientes, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.