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En julio del 2023, un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló importantes irregularidades financieras y administrativas en el Instituto de Previsión Social (IPS) relacionadas a la gestión de Vicente Bataglia, cuestionado expresidente del Consejo de Administración.
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Además de cuantiosas sumas que no tenían un destino claro, y otras falencias encontradas por la CGR, uno de los puntos cuestionados al IPS fue que pese a la obligación que tienen de transmitir en vivo las sesiones del Consejo de Administración, estas hasta ese momento eran de carácter privado.
Recién cuando en agosto del 2023 asumió el doctor Jorge Brítez como presidente del ente, las reuniones de los miembros del Consejo comenzaron a ser transmitidas -dos veces por semana- a través del canal del IPS en YouTube.
No obstante, la última transmisión en vivo fue realizada el pasado 2 de julio y, desde ese entonces, han alegado problemas técnicos que impiden la transmisión. A la fecha, suman 12 semanas sin transmisiones en vivo. La semana pasada, los miembros del Consejo de Administración incluso estuvieron en sesiones permanentes y aprobaron 67 licitaciones, entre las que se encuentran 27 licitaciones para compra de insumos y medicamentos. Nada de esto fue público.
IPS: presidente prometió reactivar transmisión pero no cumplió
El martes de la semana pasada, el doctor Brítez alegó que se registraron problemas técnicos que impedían la transmisión en vivo de las sesiones, pero aseguró a ABC que en esos días el inconveniente sería solucionado.
“Tuvimos problemas. Si no es el jueves (de la semana pasada), el martes (esta semana) ya vamos a estar reactivando eso. Tuvimos problemas con algunos equipos internos; estamos ya solucionando”, había dicho Brítez en ese momento.
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“Hicimos ya una prueba; si no es para el jueves, el próximo martes ya seguro estamos transmitiendo de vuelta en vivo”, repitió.
No obstante, han pasado diez días desde sus declaraciones y los asegurados de la previsional no tienen acceso a las transmisiones, en las que se toman decisiones que los aportantes del seguro social tienen el derecho de conocer.