Cargando...
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inadmisibilidad de los recursos extraordinarios de casación presentados por las defensas de los funcionarios judiciales condenados por el descomunal desvío detectado en la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial.
En una sentencia de más de 40 páginas, los ministros Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes realizaron un exhaustivo estudio de cada uno de los argumentos planteados por los condenados, en la cual se explica detalladamente los requisitos necesarios para la viabilidad del recurso que no se han cumplido.
Algunos condenados recurrieron el Acuerdo y Sentencia N° 26, del 18 de mayo de 2023, del Tribunal de Apelación en lo penal cuarta sala, que ratificó la condena impuesta por la Sentencia Definitiva N° 537 del 22 de diciembre del 2021, mientras que otros accionaron contra ambos fallos.
Lea más: Penas de 2 a 8 años de cárcel para 15 exdirectivos de la “Aso” del Poder Judicial
Los exdirectivos de la Aso del PJ que accionaron contra sus condenas
Los recursos extraordinarios de casación estudiados fueron presentados por el abogado Pablo Reinerio Villaba, por los expresidentes de la Asociación Celso Manuel Alvarenga y Fabio Daniel Matínez Ayala, y el abogado José Rolando Gómez, en representación del protesorero Roberto Israel Alfonso Gamarra. Los tres fueron sentenciados a 8 años de pena privativa de libertad.
Los demás recursos fueron planteados por el abogado Daniel Coronel, por Olga Elizabeth Caballero Báez; Abgs. Pedro Norberto Santacruz Acosta y Ubaldino Cristaldo Acosta, por Olga Beatriz Espínola Santander; Abg. Édgar Eduardo Benítez, por Basilicia Mieres; Abg. Sonia María Martínez, por Julio Hermes Schupp Gill, y Abg. Marcos Sánchez Gómez, por Alfredo Javier Martínez.
Por otro lado, también recurrieron ante la sala penal contra las condenas los defensores públicos Juan Carlos Valensuela, Carlos Arce Letelier, Adrián Arévalo Ayala y Diego Duarte, en representación de Hugo Vicente Castillo, Miguel Castro Coronel, Óscar Silvio Ojeda y Marcelo Estiben Noguera Romero, en ese orden.
Igualmente accionaron los abogados Rocío del Mar Molinas, en representación de Elena Edith Cañiza Paredes y de Édgar Escobar Riveros, en representación de María Gloria Escobar Riveros, esta última extesorera de la “Aso”.
Lea más: Piden condenas para exdirectivos de la Aso del PJ
Recursos de casación planteados, carentes de fundamentación
“Es necesario determinar lógica y jurídicamente el error, ya que no sustentarlo implicaría un simple desacuerdo con lo expresado por el órgano revisor. En el caso que nos ocupa, el recurrente manifiesta que el Acuerdo y Sentencia impugnado carece de fundamentación suficiente y se limita a reeditar la sentencia de primera instancia y expone afirmaciones dogmáticas y relatos sustanciales, pero no manifiesta cuáles fueron las cuestiones no atendidas por el Tribunal de Apelaciones que permitan el control por su “manifiesta” falta de fundamentación”, explica el ministro Martínez Simón. al referirse al planteamiento de la defensa de Hugo Vicente Castillo, que citamos a modo de ejemplo.
“Los agravios expresados en el escrito de casación constituyen más bien un mero desacuerdo con la Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia. De ser analizadas estas cuestiones, estaríamos atentando contra los argumentos del recurso extraordinario. El análisis de admisibilidad de motivos planteados por las partes debe estar condicionado a los requisitos procesales que nos rigen, los cuales sirven para enderezar el proceso cuando se ha desviado de su curso legal, revocando las resoluciones defectuosas de los tribunales inferiores que dieron como resultado un fallo viciado en la forma o fondo; combatiendo así la arbitrariedad con la correcta aplicación de la ley, resguardando de esta manera la justicia”, acotó el ministro, cuyo voto fue acompañado por los demás integrantes de la sala.
La Corte hace hincapie en que ante el incumplimeinto del requisito de debida fundamentación, el recurso extraordinario de casación no puede prosperar, por consiguiente, corresponde la declaración de su inadmisibilidad.
Tribunal constató perjuicio de casi G. 13.000 millones
Por unanimidad, el Tribunal de Sentencia presidido por Olga Ruiz e integrado por Elsa García y Víctor Medina condenó a quince exdirectivos de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial a entre dos y ocho años de pena privativa de libertad. La sentencia es por por estafa agravada y lesión de confianza agravada ocurridas entre los años 2013 y 2017 y que causaron un perjuicio de casi de G. 13.000 millones.
En una sentencia divulgada el 22 de diciembre del año pasado, el colegiado declaró probado un perjuicio de G. 10.159.059.168, en lo que respecta a lesión de confianza, y de G. 2.500.000.000, con relación a la estafa, lo que da un perjuicio total de G. 12.659.059.168.
Los expresidentes Celso Alvarenga y Fabio Martínez, la extesorera María Escobar y el protesorero Roberto Israel Alfonso fueron condenados a 8 años de cárcel. A su vez, Elena Cañiza, Carlos Céspedes, Julio Schupp, Olga Caballero, Alfredo Martínez, Basilicia Miers, Óscar Ojeda, Miguel Ángel Castro, Olga Espínola, Hugo Castillo y Marcelo Noguera fueron sentenciados a 2 años de pena privativa de libertad, con suspensión.
Lea más: Queda firme condena de extesorera de la Aso de funcionarios del Poder Judicial
Sede social de la Aso del PJ, a remate
La Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial nuclea a funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública y de la Justicia Electoral, varios de los cuales han presentado denuncias ante la Fiscalía en el año 2017.
El desvío de los montos descontados al funcionariado para el pago de cuotas por créditos y compras en distintas casas comerciales, la utilización de pagarés de cuentas ya canceladas o por cancelar para la refinanciación de nuevos préstamos sin autorización de los socios y la desaparición delos fondos retirados para la refacción de la sede social de la Aso fueron los principales hechos denunciados ante el Ministerio Público, que perjudicó a más de mil socios.
El local de la sede social, ubicado en Ñemby, que tendría un valor de más de G. 11.000 millones, será rematado en el marco de un juicio impulsado por una financiera, en reclamo del pago de un crédito hipotecario de G. 2.500 millones.
Lea más: Rematan local de Asociación de Funcionarios del PJ en medio de irregularidades, denuncian
Fiscalía pidió condena de 12 años de cárcel para expresidentes
La investigación estuvo a cargo de la fiscala Teresa Sosa, la acusación fue presentada por María Estefanía González y en juicio, el Ministerio Público fue representado por los fiscales Alejandra Savorgnan y Giovanni Grisetti, quienes solicitaron una condena de 12 años de pena privativa de libertad para Alvarenga, Martínez, Escobar y Alfonso, y de 2 años para los demás.
Este escándalo se desató a 18 años de otro similar, que concluyó con la condena de la entonces presidenta de la Asociación, María Elena Caprarulo, a 3 años de cárcel. En aquel entonces, el perjuicio fue estimado en unos G. 500 millones