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Un Tribunal de Apelación Penal, conformado por Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín Bernal y Cristóbal Sánchez, a través de su Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 63 resolvió anular la imposición de la pena de 15 años de cárcel para el policía José Carlos Morel Chamorro, condenado por el feminicidio de la docente María Isabel Vega Arana, y en consecuencia ordenó la realización de un nuevo juicio para la medición de la pena.
La pena de 15 años de cárcel, hoy anulada y objeto de nuevo juicio, fue impuesta a través de la Sentencia Definitiva (SD) N° 192 del 23 de mayo de 2024, por el Tribunal de Sentencias presidido por la jueza Lourdes Garcete Ortiz e integrado por Rossana Maldonado y Manuel Aguirre.
La resolución condenatoria fue objetada mediante recursos de apelación especial, planteados por la querella adhesiva representada por la abogada Norma Graciela Thomen Olazar y el fiscal del caso Luis Caballero Velazco.
De acuerdo con los datos, el policía José Morel, fue acusado de feminicidio por la fiscala Esmilda Álvarez, por asesinar con disparo de arma de fuego a la docente María Vega, el 1 de febrero de 2023, en el interior de su propio auto sobre la calle Ocara Poty Cue Mi, a metros del túnel Semidei, en el barrio Loma Pytã de Asunción. El acusado fue guardia de la escuela y colegio San Agustín, donde la víctima era directora de la secundaria.
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Colegiado no realizó valoración correcta, según Fiscalía y querella
El fiscal Luis Caballero Velazco señaló en su apelación que “el Tribunal de Sentencias es autónomo en la cuantificación de la condena”, sin embargo consideró que en el quinto punto de la SD N° 192, referente a los años de condena, “de la fundamentación y valoración realizada por el tribunal de sentencia no se ajusta en lo que refiere a la relevancia del daño el peligro ocasionado, considerando que el daño ocasionado en la comisión del hecho punible ya que el mismo causo la muerte de un ser humano”.
“La fundamentación y valoración realizada por el tribunal de sentencia, en definitiva, no se ajusta a derecho a lo que expresa sobre la conducta posterior a la realización y en especial, los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la víctima, en este punto en particular de ninguna manera puede ser considerado a favor del acusado”. afirmó Caballero.
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A todo esto sumó que, “el tribunal de sentencia no dejó plasmada en la SD Nº 192, los alegatos completos de este representante fiscal, con sus fundamentos a lo solicitado, no como dice en la resolución recurrida que solo una explicita pretensión de la pena de privativa en contra del condenado. Se debería valorar todos los cúmulos de pruebas que fueron producidas dentro del juicio a fin de tener una pena justa y acorde al hecho punible juzgado”.
Por su parte, la representante de la querella Norma Thomen refirió “en el presente juicio, conforme a los alegatos finales y las pruebas producidas durante el mismo, la pretensión punitiva del Ministerio Publico fue de 30 años de pena con relación al condenado José Morel Chamorro, mientras que la Querella Adhesiva ha solicitado 30 años, más 10 años de Medidas de Seguridad; por lo que consideramos insatisfecha la pretensión punitiva asumida por el Tribunal de Sentencias”.
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De la misma forma valoró que “no hay lugar a dudas sobre la intensidad de la energía criminal. Este punto debe ser usada de manera negativa para el acusado, con mayor razón siendo autor un profesional en el uso de arma de fuego (ex policía) tenía la intención de dañar y planificó ejecutar el hecho con un tiempo de anticipación, de ninguna manera se puede mencionar que el mismo no superó algún obstáculo ha planificado y ha advertido incluso de lo que iba a realizar a su familia”.
Por su parte, la defensora pública Blanca Marlene Ramírez Morales, representante del procesado, sostuvo que “de la conjunción de los puntos objetados por ambos apelantes hemos podido constatar que los mismos se basan en el desacuerdo otorgado por el Tribunal Sentenciante a los puntos mencionados, los cuales fueron objetiva y plenamente desarrollados por quienes en su momento y considerando el principio de inmediación han sopesado todas y cada una de las circunstancias expuestas para arribar a una sanción tan elevada como es la de quince años de privación de libertad”.
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Camarista observó falta de fundamentación para la pena impuesta a policía por feminicidio
El camarista preopinante José Waldir Servín, señaló primeramente que al momento de la sentencia “se requiere que la decisión asumida por el Tribunal de Sentencia esté precedida de una fundamentación clara y precisa, debiendo expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su decisión” y en ese mismo sentido, refirió “para la obtención procesal de los hechos, que influyen en la medida de la pena, se debe partir de la premisa de que la aplicación de la pena es también realización del derecho material y que se halla sometida a las mismas exigencias probatorias que rigen en todo proceso penal para la cuestión de la culpabilidad”.
Posteriormente mencionó sobre las circunstancias generales, que el Tribunal de Sentencias “ha tenido en cuenta la edad del acusado, su estado de salud, el soporte familiar del que goza…”. Al respecto, este Tribunal de Alzada advierte que dichas cuestiones no se hallan debidamente fundadas, es decir, no se han descripto las circunstancias que han sido determinantes para la medición de la pena”.
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En ese sentido, “sin duda alguna la valoración del Tribunal resulta fundamental en la decisión sobre la pena a aplicar, pero ésta debe ser objeto de una correcta argumentación jurídica ya que son las decisiones que más necesitan ser revisadas”.
Sin embargo, “de la lectura de la Sentencia recurrida, este Tribunal de Alzada advierte que el Tribunal A-quo ha incurrido en ‘motivación insuficiente’, al fundar la determinación de la pena impuesta al acusado José Morel, pues no contiene la motivación exigible; atendiendo a las razones de hecho y de derecho indispensables para hacer que la decisión esté debidamente motivada, y ello resulta relevante, pues la ‘insuficiencia’ de fundamentos resulta manifiesta a la luz de la decisión sobre la medición de las penas impuestas, pues no se han incorporado suficientemente la valoración jurídica sobre los hechos que influyeron en la decisión adoptad”, según analizó Servín.
En consecuencia, ante todo lo expresado, consideró correcto que se ordene un nuevo juicio en lo relativo a la individualización de la pena aplicable al acusado José Carlos Morel Chamorro. A su turno, los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera se adhirieron a los mismos fundamentos expuestos por Servín y emitieron sus respectivos votos en el mismo sentido.