Cargando...
El Frente Sindical y Social emitió un duro comunicado este sábado, en contra de numerosas políticas que están siendo implementadas por el Gobierno de Santiago Peña. Convocan a una protesta para el 11 de octubre a las 9:00, en Asunción y otros puntos del territorio nacional. “La organización y la unidad de acción son nuestra fuerza. La mayoría somos el pueblo. No al robo de derechos, de recursos, del futuro”, sentencian.
Realizan duros cuestionamientos con respecto a siete temas puntuales, que preocupan de sobremanera a los sindicalistas y líderes sociales. Consideran que las acciones del gobierno de Santiago Peña ”amenazan y confiscan derechos y recursos de la clase trabajadora pública y privada, de los jubilados y pensionados y del pueblo en general”.
Además, califican de “inadmisible” la eliminación de estabilidad laboral. “Es una regresión inadmisible en materia de cobertura de derechos de la clase trabajadora”, plantean.
Lea más: Estabilidad Laboral: Peña admite que aún no cuentan con un proyecto
También aseveran que el Gobierno busca avanzar hacia la eliminación de otras conquistas históricas, como las vacaciones pagas, la libertad sindical, el salario mínimo legal, las 8 horas laborales, el derecho a la huelga, entre otros.
“El proyecto de ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, en estudio en el Parlamento, es una receta del Fondo Monetario Internacional con la que el Gobierno busca aniquilar las garantías laborales de trabajadores públicos, despedir sin indemnizar a los funcionarios, alimentar un Estado usurario con operadores políticos y eliminar –entre otros- los contratos colectivos, la estabilidad laboral y el derecho a organizarse en sindicatos”, afirman.
Lea más: Ley del Servicio Civil: modificaciones garantizan su aplicación, asegura viceministra
Preocupa repartija de fondos de las cajas fiscales y recortes del PGN
También hablan de las cajas fiscales y el Instituto de Previsión Social y afirman que el Gobierno busca “repartir ese jugoso bocado entre sus secuaces empresarios, la timba pública, el Estado en quiebra y el pago de deudas al FMI”. En ese sentido, señalan que la ministra Mónica Recalde y el presidente avanzan para blanquear el uso del dinero de los jubilados del IPS, que ya se habrían gastado de manera irregular
“La privatización de la seguridad social es el objetivo final que no podemos permitir. La Ley debe ser derogada”, enfatizan.
Lea más: PGN 2025: siguen aumentando los gastos corrientes
Así también, hablan del Presupuesto General de la Nación y señalan que el Gobierno introdujo recortes y desfinanció programas prioritarios de atención al sector social, la salud, la educación, los beneficios laborales y la ejecución de proyectos de desarrollo socioeconómico.
En otro punto, plantean que el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) generará un caos jurídico que solo beneficiará a los “especuladores de la tierra” e introducirá “privativos trámites notariales y complicaciones catastrales que profundizarán la inseguridad jurídica existente en ese ámbito”.
También indican que la reforma agraria, la tierra comunitaria de los pueblos indígenas y el derecho a la vivienda, no son deliberadamente abordados y caerán en “gorra para engordar los intereses de agroempresarios, narco-sojeros, traficantes de naturaleza y especuladores inmobiliarios”. Por ese motivo, consideran que la propuesta de normativa debe ser rechazada en el Parlamento.
Lea más: Ejecutivo y Judicial plantean la creación del Registro Unificado Nacional: ¿de qué se trata?
También, hablaron sobre la “Policía Tributaria”, una Gerencia que dependerá de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y consideran que con ella se terminará persiguiendo a los pequeños contribuyentes para seguir brindando impunidad a sectores económicos y empresariales que no solo son evasores fiscales, sino que además son premiados con subsidios que provienen de los impuestos que la población paga.
Como último punto, aseguran que el Gobierno “sigue especulando la soberanía energética del país, en perjuicio del pueblo trabajador para favorecer al capital paulista dentro del marco de la renegociación del Anexo C en Itaipú”.
Lea más: “Policía tributaria”: Santiago Peña tiene interés de ejecutar propuesta del sector privado
Como trabajadores y actores sociales organizados, rechazan todas esas acciones que impulsa Peña, que tienen como objetivo “someter aún más a la población a la desarticulación social, a la miseria económica y a la destrucción de garantías básicas y derechos.”
Desde el Frente Sindical y Social, expresan su repudio enérgico contra el Gobierno y consideran que además viene desplegando una política autoritaria y despreciativa hacia principios democráticos.
Por todos esos motivos expuestos, invitan a toda la población de participar de las protestas que se organizarán en varios puntos del país.