San Juan Nepomuceno: imputan por tres delitos a jueza de paz

La jueza de paz del segundo turno de San Juan Nepomuceno fue imputada por tres presuntos hechos punibles por el fiscal penal José Núñez Ruiz Díaz en el marco de la investigación por el supuesto secuestro irregular de una ambulancia de la municipalidad del distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú. La magistrada supuestamente cometió los delitos durante la acción preparatoria de un juicio ejecutivo contra la mencionada comuna.

Monserrat Vera, jueza de Paz de San Juan Nepomuceno.
Monserrat Vera, jueza de Paz de San Juan Nepomuceno.Gentileza

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El escrito de imputación presentado por el agente fiscal José Núñez Ruiz Díaz ante la jueza de garantías de San Juan Nepomuceno, Blanca Tillería de Cristaldo, indica que los delitos que se le atribuyen a la jueza de paz del segundo turno, María Monserrat de Errecarte, son producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato.

Según los datos, la municipalidad de Maracaná adquirió una ambulancia de la marca Iveco Daily, tipo furgón, por valor de G. 600 millones, que fue cancelada en dos años, pero quedó una deuda de G. 20 millones por una adenda para la compra de una heladera pequeña, para uso médico dentro del vehículo de emergencia.

Ambulancia de la Municipalidad de Maracaná, secuestrada por orden judicial por falta de pago de G. 20 millones.
Ambulancia de la Municipalidad de Maracaná, secuestrada por orden judicial por falta de pago de G. 20 millones.

La compañía Imperial del Paraguay SRL, firma que vendió la ambulancia a la municipalidad de Maracaná, comenzó un juicio, llamativamente, en el juzgado de San Juan Nepomuceno, a cargo de María Monserrat Vera de Errecarte. Está caratulado como “Acción preparatoria de juicio ejecutivo para reclamar los G. 20.000.000″.

La comuna, administrada por el liberal José Cantero, depositó a cuenta del juicio el monto reclamado por la compañía Imperial SRL, que es G. 20 millones (capital), además de G 2.000.000 en concepto de gastos judiciales.

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Una persona identificada como Diana Lourdes Ferreira Ferreira, quien supuestamente fue autorizada en los derechos de la compañía Imperial SRL dentro del juicio ejecutivo contra la comuna de Maracaná, en noviembre del año 2022, cobró la suma depositada en la cuenta judicial abierta a nombre del juicio ejecutivo, es decir, G. 22 millones. Llamativamente, la resolución de subrogación no se encuentra en el expediente judicial de este caso.

Pese a que supuestamente la compañía Imperial SRL cedió sus derechos a Diana Lourdes Ferreira Ferreira, siguió realizando diligencias en el marco del juicio para llevar adelante la subasta de la ambulancia, consiguiendo la transferencia del móvil de emergencia por una deuda de G. 20 millones. Ninguna de las actuaciones referidas obra en el expediente judicial de este proceso, que actualmente se encuentra en el Juzgado de Paz de Caazapá, a cargo de Robert Benítez.

Las actuarias del Juzgado de Paz de San Juan Nepomuceno, Rossana Mendoza López y Rosana Álvarez, negaron que las firmas estampadas en los oficios utilizados para el remate, la extracción del dinero de la cuenta judicial y otras diligencias sean suyas.

El fiscal José Núñez solicitó al Juzgado de Garantías de San Juan Nepomuceno un periodo de seis meses para investigar.

El intendente de Maracaná, José Cantero dijo que al asumir el cargo en el 2021 no tenía conocimiento de que había una deuda de G. 20 millones por una heladera costosísima. Afirmó que la cuenta por la ambulancia de G. 600.000.000 se pagó totalmente.

Si la magistrada quería demasiado rematar algo, debió secuestrar la heladera, como corresponde, y subastar o devolver a la empresa. Aclaró que, no obstante, el monto reclamado, de G. 22 millones, ya estaba disponible para honrar la deuda. El daño causado a la comuna es demasiado grande, dijo finalmente Cantero.

Intentamos hablar con la jueza María Monserrat Vera, pero su teléfono celular estaba apagado. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a la imputación fiscal en su contra.

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