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Claudio Lovera, abogado defensor de Ramón González Chaves, exconcejal de Luque y miembro del Partido Colorado (ANR - cartista), brindó detalles sobre el estado actual del proceso judicial. El pasado 7 de agosto se notificó íntegramente la sentencia que condena a González Chaves a cinco años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Sin embargo, la defensa y la Fiscalía presentaron apelaciones contra esta sentencia, lo que mantiene la disputa legal vigente. En este segundo juicio oral, González Chaves fue acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
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Sin embargo, el Tribunal de Sentencia decidió no condenarlo por declaración falsa y limitó la condena por lavado de dinero a la compra de dos inmuebles por un valor de G. 600 millones, desestimando la compra de otros dos inmuebles, según detalló el abogado.
La defensa, liderada por Lovera, argumenta que la condena por la compra de estos dos inmuebles es contradictoria con los argumentos expuestos en la sentencia. Explicó que, según el Tribunal, los fondos utilizados para adquirir los inmuebles son de origen desconocido, lo que, en opinión de la defensa, no constituye lavado de dinero en Paraguay. Por esta razón, solicitaron la anulación de la sentencia y un nuevo juicio sobre este aspecto.
Por su parte, la Fiscalía también presentó una apelación, solicitando la anulación de la medición de la pena y la realización de un nuevo juicio para establecer una condena diferente. Lovera criticó esta postura, argumentando que la Fiscalía se apoya en criterios legales obsoletos, derogados desde 1998. El Ministerio Público defendió la aplicación de un término medio en el marco penal, respaldado por autores españoles, lo que es calificado como inadmisible por el letrado.
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Apuntarán a un tercer juicio
Ambas partes coinciden en la necesidad de un tercer juicio para resolver las discrepancias. Mientras tanto, Ramón González Chaves sigue bajo medidas alternativas a la prisión. El abogado sostuvo que su cliente ya cumplió la pena mínima de privación de libertad, lo que motivó la revocación de su prisión preventiva.