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El Abg. Alcides Cáceres, por la defensa del ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona, acusado por presunta lesión de confianza en el caso Metrobús, recusó al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, argumentando que supuestamente el magistrado no se expidió sobre el pedido para acceder a copia informática de una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Sin embargo, desde el juzgado de Garantías confirmaron que el magistrado tiene plazo hasta mañana, martes 27 de agosto, para expedirse sobre el planteamiento de la defensa.
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A raíz de la recusación planteada por la defensa, se suspendió el inicio de la audiencia preliminar que estaba fijada para hoy, al exministro Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra de Administración y Finanzas Marta Benítez Morínigo, para quienes la fiscal María Estefanía González pide la elevación de la causa a juicio oral.
En la presente causa el Ministerio Público también había presentado acusación en contra de Guillermo Alcaraz, gerente del proyecto metrobús, pero el pasado 23 de julio la defensa comunicó al juzgado su fallecimiento y el caso fue archivado.
Perjuicio de US$ 25 millones con Metrobús
Según la acusación fiscal, el daño patrimonial que fue ocasionado al Estado paraguayo es de G. 180.030.528.699 (unos 25 millones de dólares al cambio actual) por el pago de un total de 29 certificados de obras a favor de la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.
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La fiscala María Estefanía González señala en el escrito acusatorio que Ramón Jiménez Gaona, en función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en el periodo el año 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto metrobús, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pagó 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, por una obra inconclusa que no sirve para beneficio de la ciudadanía.
En cuanto a la exviceministra Marta Regina Benítez Morínigo (en el cargo en el periodo 2016 - 2018), la fiscalía señala que estando en ejercicio de ministra interina del MOPC firmó el convenio modificatorio Nº 4 al contrato con la empresa Mota-Engil Ingeniería e Construcción S.A. por el cual se aumentó el contrato en G. 103.483.670.390, causando menoscabo al interés patrimonial del Estado antes de protegerla.
Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público destacan las declaraciones de funcionarios de Contraloría General de la República, que realizaron los estudios pertinentes y elaboración del informe final de auditoria de cumplimiento al MOPC, de frentistas, quienes expusieron los pormenores del estado calamitoso que vivieron durante el desarrollo de la construcción y posterior al abandono de la obra.
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Graves deficiencias detectadas por fiscalía
En total son ocho los hechos que la fiscalía inculpa al exministro Jiménez Gaona, como la falta de liberación de la franja de dominio, la no obtención de permiso de las municipalidades afectadas, se inició la obra sin diseño final, la no aplicación de multas a la contratista de la obra (la portuguesa Mota Engil), la construcción de desagües inadecuados, así como varios hechos más, que causaron un perjuicio al Estado, según el documento de 51 páginas que fue admitido este lunes por el juzgado.
Entre los puntos más resaltantes, la fiscala González evidenció en su acusación que con la firma del contrato con Mota Engil, el 31 de marzo del 2016, Jiménez Gaona “vulneró y desprotegió el patrimonio del Estado paraguayo, tolerando, permitiendo e incumpliendo las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución del metrobús, cuya consecuencia hizo inviable la culminación de los trabajos emprendidos por la firma en el marco del proyecto corredor principal tramos 2 y 3″.
En este sentido, resaltó que el exalto funcionario licitó la obra sin haber formalizado el acuerdo entre el MOPC y la Municipalidad de San Lorenzo, transgrediendo lo dispuesto en la Ley N° 5133/13 que aprobó los contratos de préstamos con el BID y otros organismos para la financiación de la obra.
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Agregó que, hasta el año 2018, la administración de Ramón Jiménez Gaona no contó con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo así como tampoco con la autorización de la Comuna de Asunción, a pesar de que en ese año se dio el cese de la construcción por parte de la empresa contratista, según puntualiza la acusación fiscal.