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Tanto el presidente de Zeta Banco, Luis María Zubizarreta Zaputovich, como uno de sus directivos, John Gerald Matthias Gaona, fueron imputados tras el operativo “Pavo Real II”, causa en la que falleció el diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Ante esto, hoy se desarrolla la audiencia de imposición de medidas para ambos empresarios ante el juez Osmar Legal.
La sospecha de los investigadores es que se habría facilitado al hijo del legislador una adquisición irregular de un establecimiento en el Departamento de Amambay y según la fiscalía, este inmueble fue utilizado para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas bajo la simulación de una actividad ganadera.
Conforme a la imputación, la compraventa presuntamente irregular de la estancia “Negla Poty” se produjo en virtud de instrucciones emanadas directamente de miembros de la estructura criminal vinculada al narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
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Postura de Zeta Banco tras imputación
Luego de la imputación hacia su presidente, el mencionado banco había lanzado un comunicado dirigido a sus clientes. En el documento afirmaban que esa finca se recibió en “dación de pago en el año 2020″ y fue vendida mediante un contrato a plazo de bienes adjudicados.
La entidad también sostenía que en ese momento no existían antecedentes en el sistema financiero que indiquen actividades ilícitas relacionadas con las partes mencionadas en la investigación.
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