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Luego que el Ministerio Público ratifique su acusación en contra del ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre y otros cuatro procesados por presunta lesión de confianza y otros hechos, que habría causado un perjuicio de G. 18.384.427.005 a la institución departamental, la defensa del ex animador de fiestas presentó recusación en contra del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
El recurso fue planteado por el Abg. Fausto Portillo, uno de los defensores del ex jefe departamental, en base a lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Nacional y el Artículo 50 inciso 8 del Código Procesal Penal, que señala como motivo de recusación “haber intervenido en el procedimiento como parte, representante legal, apoderado, defensor, perito o testigo”.
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“Nos vemos afectados en el ejercicio de la defensa porque al inicio de la audiencia preliminar hemos planteado un incidente de nulidad del proceso, pidiendo tener acceso a varias evidencias mencionadas en el incidente, pero al momento del debate no hemos tenido respuesta por parte del juzgado. En consecuencia, entenderemos que se está violando el ejercicio de la defensa”, puntualizó Portillo.
Al inicio de la diligencia la defensa del acusado Javier Marcelo Rojas Giménez, solicitó al juzgado la postergación de la preliminar, que fue fijada para este miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de agosto; debido al juicio oral y público que afrontan por el supuesto desvío de los fondos covid con las “obras fantasmas”. Sin embargo, la petición fue rechazada por el juez Rodrigo Estigarribia.
Cuarta recusación contra juez del caso Hugo Javier
Esta es la cuarta recusación planteada en contra del juez de Garantías Especializado contra Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, la segunda interpuesta por el Abg. Fausto Portillo, en representación del ex gobernador de Central Hugo Javier González. En las tres ocasiones anteriores, la Cámara de Apelaciones confirmó en la causa al magistrado.
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Ahora el caso queda nuevamente a cargo de un Tribunal de Apelación Penal Especializado en Crimen Organizado, Anticorrupción y Delitos Económicos, que deberá resolver si ratifica a Estigarribia en la causa o si hace lugar al planteamiento de la defensa y ordena que el magistrada se aparte del presente caso.
La acusación fiscal fue presentada el 26 de setiembre de 2023, por parte del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por la supuesta “tragada” de G. 18.384.427.005, entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020, de la institución.
Los demás acusados en la causa son Javier Marcelo Rojas Giménez, ex director de Administración y Finanzas de la Gobernación; Juan Vicente Caballero, tesorero de la Asociación Plantemos Consciencia; Cirilo Darmanas Flores y Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, presidente y tesorero del Consejo Regional de Salud de Central.
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Acusación por desvío de G. 18.300 millones
Al inicio de la audiencia preliminar el fiscal Leonardi Guerrero, interino en la causa ante las vacaciones del agente Silvio Corbeta, ratificó la acusación y resaltó que todos los acusados habrían formado parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío de fondos de la Gobernación de Central, a través de erogaciones irregulares realizadas mediante 51 resoluciones firmadas por el entonces gobernador Hugo Javier González Alegre.
El agente del Ministerio Público agregó que las transferencias para la presunta ejecución de los 51 proyectos fueron a favor del Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.
De acuerdo a la acusación ratificada por Guerrero, las transferencias autorizadas entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, ya que no se habría cumplido los requisitos establecidos en las normas.
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De los G. 24.424.032.733 desembolsados, la Fiscalía asegura en la acusación que el daño patrimonial causado a la Gobernación de Central asciende al monto total de G. 18.384.427.005, según puntualizó el agente fiscal.