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Óscar Adrián Monges, uno de los más de veinte procesados junto con Reinaldo “Cucho” Cabaña Santacruz en la causa abierta a partir del Operativo Berilo, inició su huelga de hambre a las 09:00 del miércoles 14 del corriente mes. Monges, conocido como Oscarcito, comunicó su decisión de iniciar la medida de fuerza a través de una nota presentada al director de la Penitenciaría Regional de Emboscada, Cristian Ortiz.
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En dicha misiva, el propietario de la empresa Neos Import y Export afirma que tomó dicha determinación en busca de “mi igualdad procesal y el derecho que se me negó”.
Asimismo, cuestiona la falta de “garantía jurídica” y resalta que ya lleva preso 3 años y 6 meses y hasta el momento no se ha realizado aún la audiencia preliminar.
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Argumento de la defensa del empresario procesado en caso Berilo
El abogado Hugo Núñez, defensor de Monges, explicó que a varios procesados en esta y en otras causas similares ya se les otorgó arresto domiciliario, pero dicho beneficio se negó de manera reiterada a su defendido. El letrado destacó que actualmente está pendiente de realización la audiencia preliminar, la cual hace mas de dos años que se viene suspendiendo por recusaciones de los otros coprocesados.
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Además de la medida sustitutiva de prisión, la defensa solicita cambio de calificación, pues Monges está procesado por el artículo 42 de la Ley de Drogas (asociación criminal), que tiene un marco penal de 5 a 15 años de pena privativa de libertad.
“(...) la jurisprudencia y la práctica tanto judicial como fiscal en estos tiempos ya admite que el artículo 42 de la ley de drogas se encuentra derogado tácitamente por el artículo 239 del Código Penal, y en este sentido ya se han expedido tribunales de sentencia, y asimismo, lo han hecho fiscales antidrogas y de crimen organizado que ya no utilizan el artículo 42 de la ley de drogas en sus imputaciones, reemplazando dicho artículo por el 239 del Código Penal (Operativo Ultranza, febrero 2022, Operativo Pavo Real, julio 2023). El artículo 239 del Código Penal tiene un marco penal de 6 meses a 5 años, por lo que el marco penal del mismo en general sería de 6 meses a 5 años y el mismo ya se encuentra cumpliendo casi la totalidad de ese marco”, argumentó el defensor, en una audiencia de revisión.
Prisión de empresario, ratificada dos veces en menos de un mes
El 1 de agosto pasado, el juez penal de garantías Miguel Palacios rechazó la revisión de medidas planteada a favor de Monges, quien solicitó arresto domiciliario. Para el efecto, la defensa ofreció a modo de fianza real tres propiedades ubicadas en Ciudad del Este, Tobatí y Areguá, valuadas en un total de G. 2.590.000.000, además de la fianza personal de una tercera persona, por el monto que considere el juzgado.
Palacios argumentó que el peligro de fuga se encuentra latente. Respecto al cambio de calificación, el juez explicó que se trata de una cuestión a ser analizada en la audiencia preliminar y que de acuerdo a la calificación vigente, no se ha compurgado aún la pena mínima.
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La resolución a través de la cual el magistrado no hizo lugar a la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva fue confirmada posteriormente por el Tribunal de Apelación, primera sala, Arnulfo Arias, Arnaldo Fleitas y José Waldir Servín.
Los operativos Berilo y Berilo 2.0
La Fiscalía afirma que la organización liderada por Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia que luego eran trasladados al departamento del Alto Paraná y de allí enviados al Brasil. El grupo fue desactivado el 6 de setiembre de 2018, con el operativo Berilo, consistente en más de 20 allanamientos en Ciudad del Este.
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Además de Cucho, hay más de una veintena de personas procesadas en este caso, entre ellos el exdiputado colorado Ulises Quintana, agentes policiales, exasistentes fiscales y particulares.
Monges fue incluido en el proceso tras conocerse una serie de reveladores audios en los que Cucho afirma encubrir su actividad ilícita con documentación proveida por la firma Neos.
El vínculo entre Monges y Cucho dio a pie al “Operativo Berilo 2.0″ -consistente en 16 allanamientos realizados el 10 de diciembre del 2021, principalmente en la zona de Alto Paraná- derivada de la pesquisa principal centrada en Cucho y el patrimonio que ostentaba. Además, mediante documentos incautados en 2018 se constató que Cabaña aportó capital para Neos, que se disolvió tras su detención.