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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Dejesús Ramírez Candia, por el AI N° 356 rechazó el recurso de casación planteado por la defensa del extitular del MOPC Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez Morínigo, exviceministra de Administración y Finanzas, y Guillermo Alcaraz, encargado del fallido proyecto metrobús.
La casación había sido planteada el pasado 4 de julio por los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres, quienes ejercen la representación defensiva de Jiménez Gaona, Benítez Morínigo y Alcaraz. Con esta atacaron el AI N° 136 del Tribunal de Apelación que confirmó el AI N° 128 del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, a través de la cual admitió las pruebas entregadas por la fiscala María Estefanía González.
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Cabe mencionar que Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz habían sido acusados el pasado 11 de abril por el hecho punible de lesión de confianza, por la fiscala María Estefanía González. En cuanto a Alcaraz, la defensa comunicó al juzgado, poco después del mediodía de este martes, sobre su fallecimiento.
Con el fallo de la máxima instancia judicial se destrabó el proceso y el juez Humberto Otazú tiene vía libre para fijar una nueva fecha para intentar llevar a cabo la audiencia preliminar contra los acusados.
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Audiencia preliminar del caso Metrobús, suspendida
Para este martes 23 y jueves 24 había fijado el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú la realización de la audiencia preliminar. Sin embargo, el magistrado resolvió por AI N° 177 revocar la providencia que fijaba esas fechas para sustanciar la diligencia, luego de que la defensa de los procesados haya presentado un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la misma, por lo que la audiencia quedó suspendida.
Un extraco del AI N° 177 señala: “el recurrente ha hecho referencia del supuesto agravio producido a su defendido al dictarse la providencia del 3 de julio de 2024, ya que mediante el dictamiento de esta el Juzgado fijó de manera extemporánea la fecha en la cual debía ser realizada la audiencia preliminar en la causa que nos ocupa, en virtud al recurso de casación interpuesto en fecha 4 de julio de 2024 en contra del A.I N° 136 de fecha 21 de junio de 2024 dictado por el Tribunal de Apelación ya que aún no se encontraba firme la resolución recurrida fecha 21 de junio de 2024″.
“Al realizar un análisis detenido del recurso en cuestión (...) independientemente de la admisibilidad del recurso presentado, el juzgado entiende que al ser interpuesto el recurso de casación mencionado precedentemente, las resoluciones recurridas aún no se encuentran firmes, por lo que mal podría ser fijada la audiencia preliminar”, explicó el juez Otazú en su resolución.
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Acusación por metrobús
La Fiscalía puntualizó en su acusación presentada que durante la gestión de Ramón Jiménez Gaona al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entre los años 2008 y 2013, el Estado desembolsó dinero para la realización de obras que finalmente no cumplieron las especificaciones técnicas establecidas y tampoco sirven para la finalidad del proyecto conocido como metrobús.
La fiscala María Estefanía González resaltó en su escrito que el daño patrimonial que fue ocasionado al Estado paraguayo es la suma de G. 180.030.528.699 (aproximadamente unos 25 millones de dólares al cambio actual) por el pago de un total de 29 certificados de obras a favor de la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.
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En relación al acusado que estaba encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcaraz Reisinger, la acusación del Ministerio Público resalta que su desprolijidad en la gerencia del proyecto significó una serie de irregularidades que causaron la no conclusión de las obras y el perjuicio patrimonial al Estado.
En tanto que sobre Marta Benítez Morínigo, la Fiscalía resaltó que firmó la modificación del contrato original con Mota-Engil por el cual se aumentó el convenio en G. 103.483.670.390, causando daño al patrimonio del MOPC con la fallida obra.