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Ayer, representantes del sector privado cuestionaron con firmeza el Decreto 1.952 del presidente de la República, Santiago Peña, que señala que a partir de julio los tanques físicos de almacenamiento deberán contar con una capacidad mínima de 16 millones de litros y deben ser de uso exclusivo para el aprovisionamiento a bordo de medios de transporte.
“Solamente establece normas técnicas para la importación de combustible búnker para ordenar la venta de este tipo de combustible que no paga impuestos, porque se utiliza para cargar el combustible a las embarcaciones, eso es lo que hace”, detalló.
Aseguró que es una norma técnica exigente, debido a que pocas empresas tienen la capacidad de almacenamiento que dispone la normativa. “El sistema anterior era muy flexible: se importaba el combustible, se declaraba que era para cargar remolcadores, no pagaba impuestos y no se terminaba por cargar remolcadores. Se utilizaba de manera ilegítima para vender en el mercado interno y ahí se generaba una competencia desleal”, enfatizó.
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Agregó que se convirtió en un sistema que permitía el contrabando de combustible. “Eran estos camiones cisternas que muchas veces se apostaban directamente en los lugares del río y cargaban desde los remolcadores con una manguera y, como el río es largo, hay muchos puntos donde se pueden acercar estos camiones”, planteó.
Agregó que por ello la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) impulsó el cambio, para evitar que se use el sistema para hacer contrabando de combustible. “Exige que no se cargue más en costas del río, sino que se cargue en puertos que tienen norma técnica del tancaje y que destinen un tanque específico para este combustible, para tener la trazabilidad y saber dónde se está cargando y controlar mejor, ese es el origen (del decreto)”, detalló.
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¿Cómo se evitaría el contrabando de combustible?
El ministro fue consultado sobre cómo estas medidas evitarían que se siga haciendo la carga del combustible en las riberas y explicó lo siguiente: “Si por ejemplo yo soy importador, estoy trayendo 1.000 litros, 500 litros serían para el mercado interno y los otros 500 litros no voy a vender, voy a cargar cualquier remolcador y, como no había esa norma de cargar en un puerto que tenga ese tancaje, vos podías importar esos 500 litros, no pagar impuestos y cargar en cualquier lugar del río. Se perdía la trazabilidad del DNIT”.
En otro momento, el ministro de Industria destacó que aún no pudo reunirse con los representantes de emblemas privados para ver las posibles consecuencias de esta normativa y la manera de que no se afecte la competitividad ni las inversiones extranjeras.
MIC, preocupado por declaraciones de emblemas
Giménez, en otro momento, agregó que se encuentra “muy preocupado” por la posibilidad de que emblemas privados se retiren del país debido a estos cambios en “las reglas del juego”. Señaló que Shell es el vendedor número 1 actualmente de combustible en Paraguay y, si señalan que se verán afectados, es algo que deben reanalizar.
“Entiendo el objetivo de la DNIT, tiene sus razones, pero si llegara a afectar la competencia, ahí sí es algo que me para el radar y me preocupa. El compromiso es sentarme con todos los actores y ver qué se puede hacer”, añadió.
Finalmente, aseguró que el Gobierno no es “obtuso en sus medidas” y siempre busca normativas que favorezcan la competencia, con reglas claras y buen manejo de los actores privados, que son quienes mueven la economía.
Lo que dicen emblemas privados
Ayer, Luis Ortega, socio y vocero de Raizen Shell en Paraguay, consideró que esta modificación de las reglas de funcionamiento del sector es para dar exclusividad a los surtidores de Petróleos Paraguayos (Petropar). Dijo que se buscaría hacer eficiente una empresa del Estado por medio de decretos, pues los privados superan a la estatal.
Admitió que mantuvo una reunión con sus socios y les dijeron que les cambian las condiciones de trabajo a cada rato y que el Paraguay que ellos conocían en su manejo no es el mismo de antes. “Los inversionistas retornaron cuando las reglas estaban muy claras”, sostuvo.
Adelanto que se analiza llegar a acciones judiciales y que Shell incluso analiza si seguirá operando o no en Paraguay.