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En mayo de este año, tras la publicación de nuestro diario sobre las sospechas con respecto a la utilización de unos G. 500.000 millones en bonos en el ejercicio 2023 en la Municipalidad de Asunción, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez pidió al Tribunal de Cuentas que juzgue su gestión administrativa, desde el año 2020 hasta el 2023.
El pedido fue presentado por el Abg. Benito Torres, asesor jurídico de la comuna, con el argumento que dicho tribunal tiene la competencia para el juzgamiento de las rendiciones de cuentas, ya que por Acuerdo y Sentencia N° 183 del 23 de abril del año 2008 la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inconstitucional los artículos de la Ley 2248/2003 que otorgan dicha atribución a la Contraloría General de la República (CGR).
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El análisis de la gestión de Nenecho está a cargo del Tribunal de Cuentas 2ª Sala, integrado por los camaristas María Celeste Jara, César Diesel Marín y Linneo Ynsfrán, quien conformó el colegiado por inhibición del camarista Edward Vittone Rojas.
Éste último confirmó a ABC Cardinal que se apartó del caso debido a que fue por muchos años asesor jurídico del municipio de la Capital.
Envió a Fiscalía de Cuentas
Por su parte la magistrada María Celeste Jara Talavera puntualizó a la 730 AM que el tribunal hizo comunicó a la Fiscalía y la Contraloría el avocamiento del Tribunal de Cuentas, que se declara competente para el juzgamiento de la gestión de Nenecho Rodríguez.
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La estrategia de Nenecho, de “ningunear” el informe de la CGR sobre su gestión, fue revelada por el mensaje que envió su padre a un grupo de WhatsApp, el camarista Óscar Rodríguez Kennedy, quien afirmó que “este dictamen no es vinculante”.
Prejudicialidad apuntaría a obstruir investigación del MP
La fiscala Adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Soledad Machuca, recibió ayer el examen de correspondencia de la Contraloría General de la República (CGR), realizado sobre el uso de los recursos de la Municipalidad de Asunción.
La misma sometió el documento a una evaluación y dispuso la apertura de una investigación penal sobre el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Para ello asignó a la fiscala Marlene González, esposa del exjuez Elio Ovelar y madre del blanqueado en el caso “tapabocas de oro”, Marclo Rubén Ovelar González.
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Sobre este punto, es preciso señalar que el camarista en lo penal Óscar Rodríguez Kennedy, padre del intendente capitalino explicó en un grupo de WhatsApp que plantearon dicha acción ante el Tribunal de Cuentas, lo cual es incorrecto.
Nenecho lo que planteó ante el Tribunal de Cuentas es el juzgamiento de su administración como intendente de Asunción.
El siguiente paso pero ante un juez penal, una vez abierta la investigación en Fiscalía, sería el de presentar un incidente de prejudicialidad para bloquear cualquier investigación, con el argumento de que se debe esperar el fallo del Tribunal de Cuentas.
Prejudicialidad salvó a empresario en caso de evasión
En 2018, el empresario asesinado Mauricio Schuartzman y la contadora Graciela Pacuá, de la firma Paraguaya Servicios Exterior SA (Pasex SA), fueron procesados por supuesta evasión de impuestos por valor de G. 21.591.856.008, entre 1999 y 2001. Esto tras la denuncia del entonces presidente Nicanor Duarte Frutos por evasión a Pasex.
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La pesquisa se suspendió luego de que un Tribunal de Cuentas declarara la prejudicialidad en 2015, que declaró que las obligaciones tributarias de Pasex prescribieron. La Procuraduría General de la República (PGR) apeló el fallo ante la Sala Penal de la Corte, y esta lo ratificó en el 2018.
La Corte luego ordenó devolver los registros contables de la firma y así, dejó a la Fiscalía sin pruebas.
Schuartzman fue asesinado el 12 de setiembre de 2021, en un hecho que está impune
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Pidieron revisión por el Tribunal de Cuentas
En el año 2019, la entonces fiscala general Sandra Quiñónez había bloqueado la entrada de la Contraloría al Ministerio Público con una acción de inconstitucionalidad. De esta forma pretendía que sea el Tribunal de Cuentas y no el órgano del Ejecutivo el que audite su gestión.
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había había resuelto hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Quiñónez, y suspender los efectos de las leyes implicadas en el “Código de Organización Judicial”, para evitar rendir cuentas ante la Contraloría General de la República.
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Sin embargo, el 28 de marzo de 2023 el recién asumido en el cargo de fiscal general, Emiliano Rolón, solicitó la desestimación de la inconstitucionalidad impulsada ante la Sala Constitucional de la Corte. Rolón había dicho que la auditoría de la institución es una “misión constitucional” de la Contraloría y que la tarea del Tribunal de Cuentas es distinta a la función de juzgar.
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Por su parte, el exvicepresidente de la República Hugo Velázquez planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, que en agosto de 2023 dio trámite a la misma, causando la suspensión de los efectos de la norma que habilita a la Contraloría auditar la gestión de Velázquez. Con ello tuvo vía libre para llevar a cabo su rendición de cuentas ante un Tribunal de Cuentas.