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Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, César Diesel, Víctor Ríos, Manuel de Jesús Ramírez Cándia, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y César Garay Zuccolillo, rechazaron los recursos de reconsideración planteadas por cinco magistrados, quienes ya fueron suspendidos sin goce de salario tras hallarse en sus conductas jurídicas varias irregularidades.
Los afectados por la medida cautelar son: Miguel Ángel Riquelme, juez de primera instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Yuty; María Nunila González de Ronzewski, jueza penal de garantías de Julián Augusto Saldívar; Laura María Benítez Núñez, juez de Ejecución Penal del Segundo Turno de Itapúa; María Ignacia Franco, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno de Caaguazú y Víctor Venancio Vera Valloud, Juez Penal de Sentencia de Coronel Oviedo.
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De acuerdo con los datos, la jueza de Ejecución de Encarnación Laura Benítez y la jueza interina de J. Augusto Saldívar, Nunila González Franco, fueron suspendidas porque beneficiaron con la prisión domiciliaria al traficante de drogas condenado a 26 años de cárcel Erwin Jorge Solalinde Krause, alias Koki, de 46 años, detenido en abril de 2016 en Villeta, responsable de una carga de 18.900 kilos de marihuana que debía ir en barco a Uruguay.
En cuanto a la situación del juez de Yuty, Miguel Ángel Riquelme, en la sesión anterior el ministro Ramírez Cándia había señalado que en un informe del Departamento de Auditoría “se pudo constatar que se pusieron en evidencia dos expedientes con serias irregularidades. En el primero que es sobre un interdicto de recobrar una posesión, se detectaron 5 irregularidades. En tanto que en el segundo que es del ámbito civil de usucapión, se detectaron 10 irregularidades de orden procesal”.
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Ministro Ríos abogó por pago de salarios
En el uso de la palabra el ministro Víctor Ríos, expresó en relación a las suspensiones sin goce de salario impuestas como medida cautelar a los magistrados, “lo que planteo es que en los casos de aquellos magistrados, se les reponga el salario base para que puedan percibir esa remuneración hasta tanto se finiquite el proceso”. Ríos además, propuso que se tenga en consideración el nivel de gravedad de los casos para imponer las sanciones.
A su turno el ministro Eugenio Jiménez Rolón señaló, en respuesta a la propuesta de Víctor Ríos, “de tener en cuenta las particulariaddes en cada caso o la gravedad en cada uno de ellos, tenemos procesados condenados con un importante tiempo de privación de libertad que fueron dejadas sin efecto la condena, de las decisiones que han tomado los magistrados, lo que fue grave esto”.
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Agregó que se analizó otro caso, vinculado a un proceso civil en el que está afectado el juez Miguel Riquelme, a quien le indicaron que “no es verdad que fueron decisiones apresuradas (por la suspensión), o que no se tuvieron en cuenta los elementos de juicio, más bien con base a esas consideracinoes que no solo no rebatieron, sino que aportaron otros elementos de juicio que no tienen que llevar sino a ratificar la medida”. Luego enfatizó en que todos los magistrados que solicitaron la reconsideración plantearon las mismas argumentaciones.
El ministro César Garay expresó en su turno que “cuando abordamos el tema individualmente de estas personas en su obrar, en la judicatura, hemos verificado las constancias que teníamos y podíamos referirnos a la judicatura de Itapúa, porque hubo enlace con la judicatura que hay en Central; y las condenas por homicidio doloso o tráfico de drogas no admiten bajo ninguna circunstancia, salvo la gravedad del encuasado y que esté en estado terminal de salud, cosa que no hemos constatado”.
Refirió que los magistrados sancionados “vinieron, se les escuchó, pero no rebatieron ninguna de las falencias que le fueron señaladas, las cuales son muy graves. Entonces, si bien presentaron sus escritos, no hay mérito legal para variar la situación”.
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Añadió posteriormente Garay que “la medida cautelar es dictada en momento y coyuntura determinados. Tiene su desarrollo y puede ser modificada, pero a hoy no encontré ninguna posibilidad para variar las situaciones que decidió el pleno”.
A la postura asumida por los ministros Jiménez Rolón y Garay Zuccolillo se adhirieron los demás ministros: Alberto Martínez, Manuel Ramírez Cándia, Carolina Llanes, César Diesel y Luis María Benítez Riera. Por su parte, Víctor Ríos votó porque se les reponga el salario mientras dure el proceso a los jueces sancionados.
Narco también está procesado por el homicidio de su sobrino
La suspensión de la jueza interina de J. Augusto Saldívar, Nunila González Franco, se debe a que dictó el arresto domiciliario de Erwin Jorge Solalinde Krause, alias Koki, en el proceso que este afronta por presunto homicidio doloso y frustración de la persecución y ejecución penal. La resolución fue dictada el pasado 7 de junio y la magistrada dispuso el cumplimiento de la medida en una vivienda de Villa Elisa.
En esta causa Koki es sindicado como el instigador del crimen de su sobrino, el odontólogo de 28 años Enrique Antonio Silgueira Solalinde, asesinado el 8 de enero de 2021 a la salida de su vivienda en la compañía Rincón de Guarambaré.
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Según la Fiscalía, Koki contrató al presunto sicario Marcos Román González, quien llegó hasta el sitio a bordo del automóvil Toyota Vitz y se hizo pasar por un interesado en comprar una motocicleta que Enrique Silgueira estaba ofertando. Sin embargo, tras un breve cruce de palabras efectuó varios disparos de arma de fuego contra el odontólogo, quien cayó al suelo herido y falleció pocos minutos después.
La Fiscalía identificó que las únicas amenazas que recibía el profesional asesinado provenían de su tío Koki Krause, que enviaba desde su sitio de encierro a través de mensajes de texto por celular. En la pesquisa se descubrió también que dichas advertencias eran por una disputa de bienes en el núcleo familiar.
En el 2023 Erwin Jorge Solalinde Krause también fue procesado por presunta falsificación de firma de la jueza Sandra Kirchhofer a los efectos de obtener la redención de 1.000 días, de su condena, de acuerdo a los datos brindados por la ministra Carolina Llanes, en la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia.