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Los coordinadores de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Alberto Daniel Ferreira Martí -durante la administración de Francisco De Vargas-, y Hugo Danilo González -durante la administración de Luis Rojas-; así como la contadora de la firma Televox SRL, Silvia Jara Acha, fueron absueldos del hecho punible de lesión de confianza por los miembros del Tribunal de Sentencia.
El Tribunal de Sentencia, presidio por la jueza Victoria Ortiz e integrado por los jueces Lourdes Garcete y Matías Garcete, emitió su decisión este jueves último, en el marco de la causa caratulada como “Francisco José De Vargas y otros s/ contrabando y otros (Compulsas)”.
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Las juezas Victoria Ortiz y Lourdes Garcete dieron sus votos por la absolución de las tres personas, que habían sido acusadas por lesión de confianza, en carácter de cómplices, por el fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El agente fiscal había solicitado la pena de dos años de prisión para Ferreira Martí y González, y de seis meses para Jara Acha.
Ambas magistradas decidieron absolver a los procesados bajo el argumento de que “no se probó el resultado” del perjuicio patrimonial a la institución, pues cuando el Tribunal de Sentencia se constituyó en la sede de la Senad, constató la existencia de los equipos adquiridos por US$ 2.500.000, los cuales estaban guardados, con polvo, en un depósito de la entidad estatal.
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Para magistrado hubo duda
El voto en minoría fue el emitido por el juez Matías Garcete, para quien surgieron dudas durante la sustanciación del juicio oral en relación a la teoría formulada por el Ministerio Público.
Garcete señaló que en su acusación el fiscal señaló que “no están los aparatos”, sin embargo durante el juzgamiento se “resaltan varios elementos que enuncian que están” y, ya en los alegatos finales el fiscal “ya no sostiene que los aparatos no están”.
Para el magistrado hubo incongruencias por parte del representante del Ministerio Público, pues en un momento el fiscal ya no se refirió a los equipos sino a las documentaciones de origen que no cumplieron con todos los requisitos, en relación al hecho de contrabando. Sobre este punto Garcete aclaró que los tres ya habían sido sobreseídos definitivamente, a pedido de la Fiscalía, por el citado hecho punible.
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El fiscal “creó una incongruencia en la teoría del caso y ello estableció más dudas que certezas en lo que es el objeto de discusión para que yo pueda certificar cuándo es típica una conducta, pues, el objeto es uno de los elementos de la tipicidad”, sostuvo el juez Matías Garcete.
“En tanto, para las colegas, no es típico porque no hay resultado. Atendiendo a que valoraron que nos constituimos a la SENAD y observaron los aparatos sin usar que estaban en el subsuelo guardados”, agregó, y en ese sentido señaló también que para él “ante duda de cuál es el objeto que dice haber causado perjuicio me hace caer en lo que establece el artículo 5° del Código Procesal Penal (ante la duda)”.
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Equipos fueron hallados y estaban patrimoniados
El defensor público Eduardo Velázquez, quien ejerce la defensa de la contadora Silvia Jara Acha, manifestó a ABC que muy por el contrario a lo que había señalado el fiscal Luis Piñánez de la inexistencia de los equipos, los aparatos sí fueron hallados en un depósito de la Senad, en el año 2022, cuando se llevaron a cabo dos constituciones por parte del Tribunal de Sentencia que condenó a Francisco de Vargas y Luis Rojas.
“Los equipos tenían hasta el ID patrimonial del Estado paraguayo. Hicimos referecia a un documento que lo registra como bien patrimonioal del Estado”, sostuvo el defensor público.
En otro momento se refirió a que la Fiscalía señaló en su acusación que la firma Televox SRL era representante en Paraguay de la empresa Cobham, pero “no se podía saber si eran los equipos que había solicitado la Senad porque Televox no tenía capacidad de traer los equpos. Entonces ahí se podía investigar el lavado de dinero, pero no se indagó eso. Además, cuando regularmente no tiene ingresos al país, se trata de contrabando, pero el fiscal Luis Piñánez le sobreseyó definitivamente por contrabando en la etapa anterior”.
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Sobre ese aspecto, el fiscal Martín Cabrera había sido el inició la causa por contrabando, pero como Piñánez después pidió el sobreseimiento definitivo por ese hecho sobre los hoy absueltos, ya no se podía volver a abrir esa causa ni investigar el mismo hecho, por un principio constitucional, aunque existan sospechas.
Velázquez también dijo que el Ministerio Público investigó mal porque no hizo la trazabilidad de los equipos, porque son demasiado grandes, tienen muchos componentes, haciendo que sea imposible el seguimiento.
Entre otras cuestiones, Velázquez indicó que enla primera constitución del Tribunal de Sentencia, en el marco del primer juicio en 2022, se encontraron los equipos de la primera compra y de la segunda. Posteriormente, se encontró la otra parte de los equipos, fuera de la Senad, en poder del agente Mauro Ruíz Díaz, hoy señalado como sospechoso de filtrar datos sensible del caso A Ultranza Py.
Y por último, el defensor público expuso que la Fiscalía también expresó mal el monto pagado por los equipos, pues en su acusación refirió que la suma fue de G. 9.400 millones, cuando en realidad lo que se pagó fue G. 8.978 millones y la diferencia “nunca salió del Estado, porque corresponde al porcentaje de retención en calidad de impuestos”.
Funcionarios de la Senad investigados por compra de equipos para escuchas
El exencargado de la UOC, Alberto Daniel Ferreira Marti, según datos de la Fiscalía firmó el dictamen de evaluación y recomendación para la adquisición y adjudicación a la empresa Televox SRL para la provisión de equipos de sistema para escuchas telefónicas. Esto a la par de la causa abierta contra los exministros de la Senad, Francisco José De Vargas y Luis Rojas, quienes fueron condenados en 2022.
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Igualmente se había iniciado una investigación contra Jessica Paola Reyes, exasesora Jurídica de la Dirección Administrativa y Financiera de la Senad, quien también supuestamente firmó el dictamen; Antonio Salvador Pereira ex-director Administrativo de la Senad habría fiscalizado todo el proceso de adquisición, elevando los informes, y firmando las documentaciones correspondientes para el desembolso por el bien adquirido y Silvio Amarilla, agente especial, ex-director de Inteligencia de la SENAD, quien firmó el acta de recepción del supuesto bien adquirido por la Senad.
Así también, Hugo Daniel González, quien se desempeñaba como coordinador del Departamento de la UOC y fue quien habría recomendado adquirir los aparatos en su dictamen, en el cual también recomendó a la empresa Televox SRL, como “la representación única y exclusiva para la comercialización de los sistemas de la marca COBHAM” y Javier Benítez, ex director del Departamento de Administración, que habría elevado a consideración del Ministro Ejecutivo de Senad, la autorización para la contratación vía Excepción para comprar los equipos.
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Además, el representante del Ministerio Público procesó por producción de documentos no auténticos y contrabando a Nicasio Bobeda y Alfredo Javier Bobeda Mongelos. Mientras que la conducta de Silvia Jara Acha se encuadró en la producción de documento no auténtico. Estas personas eran representantes de la firma Televox SRL, pues entre 2012 y 2013 prestó servicios contables a dicha empresa. En ese marco, manejó la contabilidad de la firma y ante la necesidad de cubrir las ventas registró en la contabilidad facturas falsas, según el propio Informe Final de Auditoria practicada por la Sub Secretaria de Estado de Tributación.