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En su escrito de habeas corpus preventivo, Osvaldo Jesús Nahuel Aguiar Casuso explica que tras el fallecimiento de su madre, la abogada Laura Casuso -asesinada en Pedro Juan Caballero en el año 2018- fue adjudicado en la sucesión con una residencia ubicada en Avda. Yatcht esquina Arsenales, de la ciudad de Lambaré, adquirido por la letrada en el 2012.
“Sabido es de conocimiento público que mi madre, en vida fue la abogada defensora de personas consideradas de alto perfil en el mundo de la delincuencia, pero a pesar de ello, es igualmente necesario mencionar que la misma, jamás fue objeto de investigación o proceso alguno”, destaca Aguiar Casuso.
El recurrente destaca que durante el juicio sucesorio no hubo reclamo alguno sobre el inmueble en cuestión, cuyo arrendamiento es prácticamente su única fuente de ingreso, según refiere.
Allanamientos a la casa heredada de Laura Casuso
Aguiar Casuso refiere que en julio del año pasado una comitiva encabezada por el fiscal Osmar Segovia allanó el inmueble con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ocasión en que pusieron la propiedad bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
El 30 de mayo pasado, la misma comitiva realizó un segundo allanamiento al inmueble arrendado, “con el argumento de que dicho bien consistía producto de hechos punibles y que actualmente la misma se encuentra siendo administrado por el crimen organizado” refiere el escrito.
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“Toda situación, lógicamente ha causado un grave estado de inquietud y ansiedad en mi persona, pero por sobre todo incertidumbre jurídica con respecto a mi situación en relación a las investigaciones realizadas principalmente porque absolutamente nada tengo que ver con lo que es el crimen organizado, jamás tuve ningún tipo de vínculo ni contacto con nadie que pertenezca y opera en dicho mundo, pero repito, con el que personalmente nunca tuve nada que ver”, explica el recurrente.
“El hecho de heredar bienes de mi difunta madre, que los obtuvo gracias al ejercicio de su profesión, pues evidentemente percibía sus honorarios por los trabajos que realzaba, me ha valido actualmente una clara amenaza a mi integridad física pero por sobre todo a lo mas sagrado que tiene una persona que la libertad. A pesar de la ilegitimidad de las diligencias de allanamientos realizados por el Ministerio Público, pues afectan bienes de personas ya fallecidas, que nunca han sido objeto de proceso por lavado de dinero o narcotráfico, a fin de dar cierto ropaje o justificativo, me han informado que actualmente se encuentran recabando informes sobre mi persona, lo que probablemente resulte en un causa injustificada o inventada”, argumenta Aguiar Casuso, para solicitar el habeas corpus preventivo.
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Tras informes de Senad y Fiscalía, juez rechazó habeas corpus
Antes de resolver la cuestión, el juez en lo civil y comercial de 23er turno Juan Andrés Martínez, solicitó informes al Ministerio Público y a la Senad, que coincidieron en informar que Aguiar Casuso no es objeto de investigación que guarde relación con lo manifestado, con la precisión de que el listado no incluye causas abiertas innominadas que no han sido actualizadas aún en el sistema informático.
El magistrado destaca que las instituciones consultadas informaron que Aguiar Casuso no es objeto de investigación que guarde relación con lo manifestado por el recurrente.
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Martínez argumenta que el hecho de que una comitiva integrada por agentes del Ministerio Público, Senad y Senabico hayan allanado un inmueble arrendado por una tercera persona, “no lo convierte en el objeto de la investigación, ni que será privada de su libertad, sin cumplirse los requisitos establecidos en nuestra Constitución y demás normas procesales”.
En consecuencia, el magistrado concluye que de acuerdo con la información recabada, “no existe amenaza ilegitima de privación de libertad o una privación ilegítima de libertad consumada, tampoco se vislumbran afectaciones arbitrarias a otras formas de libertad protegidas constitucionalmente, así como tampoco se identifican los presupuestos que la normativa legal exige para la procedencia del Hábeas Corpus Preventivo planteado, por la que el mismo debe ser rechazado”.
El asesinato de Laura Casuso
Laura Casuso, abogada de los narcotraficantes Jarvis Chimenes Pavão y Marcelo “Piloto” Pinheiro fue asesinada a tiros en la noche del 13 de noviembre del 2018 en la ciudad de Pedro Juan Caballero, frente mismo al edificio donde estaba reunida con miembros de una hermandad a la que pertenecía.
De acuerdo con la filmación de seguridad, la abogada había salido de una vivienda particular a la hora citada y se disponía a abordar su camioneta Range Rover con matrícula brasileña AWD 1541 del municipio de Santana de Parnaíba, del estado de São Paulo, cuando se acercó a ella un hombre con el rostro cubierto con una remera y sin mediar palabras efectuó varios disparos contra su humanidad.
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Posteriormente, el sicario corrió hacia una camioneta Toyota Land Cruiser de color negro, en la que le aguardaban sus cómplices. Tras abordar el rodado, emprendieron la fuga efectuando varios disparos al aire.
Casuso, quien era de nacionalidad argentina, cayó gravemente herida y si bien fue asistida y llevada casi de inmediato al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero donde la operaron, no resistió y falleció en el trayecto al sanatorio privado “Viva Vida”.
La muerte de Casuso se registró después de dos años de la extradición al Brasil de su defendido Jarvis Chimenes Pavão , que se concretó el 28 de diciembre del 2017, después de que cumpliera un condena de ocho años en nuestro país.