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El recurso de apelación general interpuesto por la defensa del acusado Óscar Erwin Villamayor, en contra del Auto Interlocutorio N° 113 dictado el 24 de abril pasado, fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, que confirmó la resolución por la cual el juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público la presente causa por presunta coima y otros hechos.
La acusación presentada en setiembre de 2023 por el fiscal anticorrupción Néstor Coronel resalta que estas personas realizaban “operativos” de control de contrabando en comercios, mayoritariamente de San Lorenzo, en los que exigían a los comerciantes la documentación de los productos y, si estos no contaban con papeles, les exigían sumas de dinero para evitar una sanción, como ser la incautación de todas las mercaderías.
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El fiscal Néstor Coronel detalla en su acusación que el 9 de setiembre de 2022 el jefe aduanero Óscar Erwin Villamayor junto con el policía Rodolfo Martínez y el estibador Alcides Ayala allanaron el local comercial de Lizethe Molas, por un supuesto caso de contrabando.
Exigían pagos millonarios, según Fiscalía
En el local de Lizethe Molas, el acusado Óscar Villamayor solicitó a Ricardo González, esposo de la comerciante, la suma de G. 50 millones, con la promesa de “ayudarlo y evitar la incautación de sus mercaderías”, de acuerdo a la acusación.
Sin embargo, la víctima les indicó que no tenía esa suma de dinero, pero ante la amenaza de que se llevarían las mercaderías y una camioneta, además que la propietaria del local sería imputada por la Fiscalía, la víctima acordó pagar unos G. 20 millones.
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La comitiva cobró dicha suma, pero aún así incautó todas las mercaderías que supuestamente habían ingresado de contrabando al país.
Una semana después el jefe aduanero y el policía retornaron al negocio para exigir el pago semanal de G. 250.000 para cada uno, a fin de evitar otro allanamiento. La propietaria del local y su esposo aceptaron el pedido, según el audio de una llamada con los encausados.
La acusación fiscal resalta que las víctimas Ricardo González y Lizethe Molas recibieron amenazas de parte de los tres acusados, por lo que tuvieron que abonar las mencionadas sumas de dinero para evitar la pérdida de sus mercaderías.
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