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Por resolución número 804/2024, el intendente de Mayor Otaño Leonardo Morínigo (PLRA) dispuso la prohibición del ingreso de vendedores ambulantes “en un radio de 100 metros a la plaza 6 de Enero con motivo del ‘Bingo Interinstitucional’ que organiza el Consejo de Educación de Mayor Otaño”.
La prohibición de la presencia de los vendedores informales obedece a un pedido formulado por la supervisora pedagógica en el distrito, licenciado María Victoria Bobadilla, refiere la resolución citada.
El “Bingo interinstitucional” incluye la venta de alimentos que se desarrolla cada año en la plaza “6 de Enero” del barrio Republicano con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a las instituciones educativas del distrito.
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Walter Duarte, vendedor ambulante, cuestionó la decisión de la Intendencia que afecta, según dijo, a unas 50 familias que viven de los ingresos generados mediante el trabajo informal en esta comunidad, debido a que no tienen otra opción. “No hay fuentes de trabajo, vivimos en permanente crisis económica y la venta ambulante nos permite sobrevivir. Si no vendemos no comemos”, afirmó.
Señaló que en la actividad prevista habrá mucha gente y es una oportunidad que los informales querían aprovechar para sus ventas, atendiendo a que todo está muy difícil actualmente. “Lamentamos la decisión municipal de prohibirnos estar presentes en una actividad donde habrá mucha gente. Si no nos dejan trabajar, qué quieren que hagamos para mantener a nuestras familias, ¿Quieren que salgamos a robar?”, se preguntó el trabajador informal.
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Por su parte, el intendente municipal señaló que la actividad es organizada por la Supervisión Pedagógica conjuntamente con diferentes instituciones educativas del distrito para recaudar fondos en ayuda de estas instituciones. La presencia de los vendedores sería una competencia que afectaría al objetivo del evento, de ahí el pedido de los mismos organizadores para que se prohíba la presencia de vendedores extraños, explicó.
Agregó que lastimosamente en nuestro país dependen de este tipo de actividades, no sólo las instituciones educativas, sino de salud, entre otras. La decisión de prohibición es imposible de ser revisada, así como pretenden los trabajadores informales; es una decisión tomada y ya hay una resolución, aseguró.