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A través del AI N° 82 un Tribunal de Apelación, conformado por los magistrados Arnulfo Arias Maldonado, Bibiana Teresita Benítez Faría y Digno Arnaldo Fleitas Ortiz, ratificó el arresto domiciliario para el ex síndico de Quiebras Blas Velázquez, que ya le fue confirmado por el juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, por el AI N° 111.
La defensa de Velázquez, ejercida por el abogado Richard Peralta, presentó un recurso de apelación general contra el AI N° 111 del juez Otazú señalando que hubo “una aplicación errada de la ley por parte del juez inferior, causando a mi defendido un grave daño al sostener indebidamente restricciones en su libertad, sin tener los fundamentos fácticos para así resolver”.
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Por su parte, la fiscala Natalia Cacavelos expuso su postura en el sentido de “que se debe mantener la medida alternativa a la prisión, en atención a los elementos colectados durante la investigación que hacen a la afirmación de la existencia de suficientes elementos de sospecha que fundan la imputación formulada y la medida impuesta por el juzgado interviniente, teniendo en cuenta que en el caso particular los hechos investigados son hechos graves”.
En tanto que los miembros del Tribunal de Apelación señalaron que “las circunstancias que lo llevaron a dictar la medida, no fueron desvirtuadas por la defensa” y también que “no se advierte en la resolución recurrida la ausencia de fundamentación”, por lo que resolvió mantener la medida cautelar dictada por el AI N° 12 y ratificada por AI N° 111 por el juez Humerto Otazú.
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Exsíndico intentó vender dos veces un mismo inmueble, afirma MP
La imputación fiscal resalta que Blas Velázquez, en su carácter de síndico de Quiebras de la Capital, asignado al proceso judicial caratulado “Banco Central del Paraguay c/ Banco Paraguayo Oriental S.I.F.E.C.A. s/ Declaración de Quiebra”, habría solicitado al Juzgado en lo Civil y Comercial del 5° Turno de la Capital, la autorización para proceder a la venta privada de la Finca 12.096 a favor del Sr. Edgar Ramón Larramendia Vera.
Sin embargo, el inmueble ya habría sido objeto de una venta privada anterior en fecha 29 de mayo de 2009, con intervención del agente síndico Juan Alberto Figueredo, de acuerdo al relato del Ministerio Público (MP).
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Blas Velázquez, teniendo conocimiento de que la finca ya habría sido objeto de venta anterior por el doble del precio, habría omitido la existencia de dicha operación, procediendo así a una nueva venta, por el 50% menos del valor pagado por el primer comprador.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el monto de la primera venta (G. 71.000.000) ya habría sido abonado en su totalidad y la suma habría ingresado a los activos de la masa concursal, el síndico habría dispuesto el desembolso del monto abonado por los primeros compradores, presuntamente extrayendo así del activo de la fallida la suma de G. 71 millones.
La Fiscalía resalta que la conducta atribuida a Blas Velázquez habría producido un perjuicio patrimonial a la masa del Banco Paraguayo Oriental, declarado en quiebra, que ascendería a la suma de G. 900.000.000, aproximadamente.
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Velázquez aparece en las diferentes denuncias como supuestamente parte de una rosca protegida por el clan Fretes, cuyo principal referente es el exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes, para el supuesto despojo de tierras, en especial, los que estaban bajo el dominio de la Sindicatura General de Quiebras, por muchos años considerada feudo del exmáximo integrante del Poder Judicial.
Chicanas sin freno desde la clandestinidad
Desde 31 de julio cuando la fiscala Natalia Cacavelos imputó a Blas Velázquez por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documento de contenido falso, el mismo ya acción en seis ocasiones. Así, el 7 de agosto pasado planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio; luego, el 30 de agosto volvió a presentar una reposición contra una providencia del juez Humberto Otazú emanada el 24 de agosto.
Después de esos dos recursos, su defensa planteó un recurso de apelación general el 5 de setiembre, y más adelante su abogado Robertí Ariel Cardozo presentó el 21 de setiembre otro escrito de apelación general contra el AI N° 225 del juez Humberto Otazú, en el cual rechazaba el recurso de reposición planteado contra la providencia del 24 de agosto, que admitía la imputación.
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Posteriormente, formuló recurso de reposición contra la providencia del 30 de octubre y después de ello, planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), evitando de esta forma que se llegue a sustanciar la audiencia de imposición de medidas para el incoado Velázquez Fernández.
A todo esto se suma que, una denuncia que realizó Velázquez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, por la orden de detención librada en su contra. Además, el exsíndico de Quiebras también recusó en cinco ocasiones a la fiscala Natalia Cacavelos, que fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en cada una de ellas y, cada una fue blanco de impugnaciones nuevamente por los abogados de Velázquez. La causa volvió después de un mes a la unidad de Cacavelos, tras la última recusación.