Cargando...
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Diego Arzamendia y Verónica Valdez, presentaron sus alegatos finales en un juicio por supuesto “apriete” y se ratificaron en la acusación contra los policías de la comisaría 3ª Asunción, el suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza (28) y la oficial ayudante Evelyng Jazmín Núñez González (25).
En ese marco los representantes del Ministerio Público solicitaron al Tribunal de Sentencia, presidido por Yolanda Morel e integrado por Ana de Jesús Ramírez y Karina Cáceres, que aplique una pena de 6 años de cárcel para ambos uniformados, cuyas defensas también dieron a conocer sus alegatos.
Lea más: Juicio a policías por supuesta coima y privación ilegítima de la libertad
El Tribunal de Sentencia convocó nuevamente a las partes involucradas en juicio para el próximo martes 7 de mayo a las 11:30, a modo que las mismas presenten su réplica y dúplica, en caso de que quieran hacer uso de ese derecho. Además, los jueces advirtieron sobre que la calificación podría variar con la inclusión del hecho punible de extorsión, en base al artículo 400 del Código Procesal Penal.
El entonces fiscal de UDEA Osmar Legal, hoy juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, había acusado a los policías Cemión Arce y Evelyng Núñez, por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y privación ilegítima de libertad que habrían cometido en diciembre de 2022. La fiscala Verónica Valdéz, asumió a cargo de la unidad de Legal.
Lea más: Ratifican prisión de policías procesados por supuesta coima y privación de libertad
Policías interceptaron a joven madre
De acuerdo con los hechos presentados en la acusación fiscal, el 5 de diciembre de 2022, el administrador del “Club La Condesa”, Arnaldo Ramos Santacruz, realizó una denuncia en la comisaría 3ª Asunción por un supuesto hecho de hurto en contra de Johana Riveros Saavedra, su antigua empleada.
Dicha denuncia fue recibida por la oficial ayudante Evelyng Núñez, quien el 6 de diciembre fue, junto con su camarada el suboficial ayudante Cemión Arce, hasta el local y luego se retiraron a las 12:10.
Lea más: Policías afrontarán juicio por caso de presunta extorsión
Más tarde, cerca de las 12:45, Johana Riveros salió del establecimiento tras acordar su desvinculación laboral y se disponía a trasladarse a pie hasta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), cuando fue interceptada junto con su pequeña hija por la patrullera policial M30 con Núñez y Arce a bordo.
Inmediatamente después, Núñez bajó del vehículo y le pidió la cédula a Riveros, pero la mujer dijo que no contaba con su documento en ese momento, por lo que la policía le pidió a su camarada que baje de la patrullera y luego le exigió que suba al rodado. La muchacha no se opuso para evitar generar temor en su hija.
Lea más: Allanamiento por extraña situación de pedido de coima y retención ilegal en Asunción
Recorrieron todo el centro para exigir dinero
Una vez que estuvieron todos dentro de la patrullera, los policías despojaron a la muchacha de su teléfono y le indicaron que contaba con varias órdenes de captura pendientes. En ese momento se desplazaron desde la calle Eduardo Víctor Haedo casi Independencia Nacional hasta Estados Unidos y Rodríguez de Francia, donde se detuvieron para “negociar” la libertad de la joven.
Conforme fue avanzando la conversación, el suboficial Arce habría exigido la suma de G. 3.000.000 para liberarla. Ante su desesperación, la joven madre solicitó de nuevo su teléfono y se comunicó con sus familiares para que consigan el dinero. Además, les envió su ubicación al WhatsApp para la entrega.
Tras realizar el pedido, los policías y Riveros se trasladaron hasta las calles República de Colombia e Iturbe, donde se registró el encuentro entre los agentes y familiares de la joven extorsionada. La familia de Riveros procedió a filmar con celulares la entrega de la plata y, recién después de que esta haya amenazado con denunciar las irregularidades, los uniformados llevaron a la madre hasta la comisaría para iniciar el procedimiento de rigor.
Es así que el 14 de diciembre a las 11:30, Johana Riveros fue nuevamente a su antiguo lugar de trabajo para retirar su liquidación, donde Arnaldo Ramos le pidió que acepte G. 750.000 en concepto de cierre de relación laboral a cambio de retirar la denuncia presentada en contra de ella. Riveros exigió que le muestre la denuncia y, ante el documento, constató que la misma se realizó el 5 de diciembre ante la oficial Evelyng Núñez.