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El inicio del juicio oral y público por el escandaloso caso de la granja vip -como quedó conocida la granja mau construida en un predio contiguo a la Penitenciaría Regional de San Pedro y que sirvió de albergue para capos narcotraficantes- está previsto para hoy.
El Tribunal de Sentencia presidido por Jazmín Cáceres e integrado con Adriana Planás y Ana Rodríguez tenía previsto iniciar la audiencia en la semana pasada, pero se vio obligado a posponer el juicio por incomparecencia del acusado Wilfrido Quintana, cuyo defensor informó que se encontraba de reposo por bronquitis aguda.
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La acusación está a cargo del fiscal Giovanni Grisetti y es por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, liberación de presos y realización del hecho por funcionarios y cohecho pasivo agravado.
Granja vip se descubrió durante investigación de masacre en la cárcel de San Pedro
Esta causa se abrió dentro de la investigación de la masacre registrada el 16 de junio de 2019 dentro de la Penitenciaría Regional de San Pedro.
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El hecho dejó 10 víctimas, varias de ellas decapitadas y quemadas. Por este caso, 24 convictos del Primer Comando da Capital (PCC) fueron condenados a penas de 5 a 40 años de cárcel, ya con los años de medida de seguridad.
La intervención fiscal policial detectó la granja mau “El Porvenir” –construida y ocupada por narcotraficantes– ubicada en un predio contiguo a la cárcel sampedrana, fuera del perímetro de seguridad. En dicha granja -ubicada detrás del penal- fueron hallados dos peligrosos narcotraficantes, con altas condenas: Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, y Ángel Tranquilino Giménez, con penas de 26 y 21 años de cárcel, respectivamente.
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Orella está acusado por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, y Parodi, por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, liberación de presos y cohecho pasivo agravado.
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A su vez, el exmagistrado Arévalo está acusado por los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y cohecho pasivo agravado.